Un informe del Consejo Federal de Inversiones anticipa una reducción real del 4% promedio en las transferencias automáticas a las provincias. La Pampa y Santa Fe aparecen entre las jurisdicciones más perjudicadas. Los gobernadores se reunirán la semana próxima para analizar el impacto fiscal y la parálisis de la obra pública nacional.
La preocupación se profundiza entre los gobernadores. Un documento elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), al que accedió en exclusiva La Política Online (LPO), revela que las transferencias automáticas a las provincias caerán en promedio un 4,2% en términos reales durante 2025, respecto al año anterior. En comparación con 2023, la pérdida acumulada es aún más pronunciada: un 11,5%.
El informe proyecta que el total de recursos distribuidos a las provincias ascenderá a poco más de 56 billones de pesos, pero esa cifra, ajustada por inflación, representa una baja significativa del poder adquisitivo de los fondos que reciben las jurisdicciones.
Entre las provincias más afectadas se destacan La Pampa, que sufrirá una reducción real del 6,1%, y Santa Fe, con una caída del 6%. En valores absolutos homogéneos, La Pampa resignará más de 48 mil millones de pesos, mientras que Santa Fe perderá más de 314 mil millones.
Las provincias, en números
El análisis muestra que todas las jurisdicciones experimentarán una merma en las transferencias automáticas. Buenos Aires, por ejemplo, recibirá más de 12 billones de pesos, pero en términos reales sufrirá una caída del 4,2%. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Jujuy y Formosa también presentan bajas superiores al 4%.
Esto se suma a un deterioro acumulado que preocupa aún más: en el bienio 2023-2025, ninguna provincia logra recuperar lo perdido. Buenos Aires acumula una pérdida del 11,7%, Córdoba un 11,6%, y San Luis y Santa Cruz rondan el 11,5%. Incluso las jurisdicciones con menor caída anual —como CABA, que solo perderá 2% en 2025— registran una pérdida acumulada significativa: 9,1% respecto a 2023.
Cumbre de gobernadores en el CFI
El malestar de los mandatarios provinciales no es nuevo, pero los datos del informe le dan mayor urgencia. La semana próxima, los gobernadores se reunirán en la sede del CFI para analizar no solo esta baja en la recaudación y su impacto en las siempre tensas cajas provinciales, sino también la crítica situación de las rutas nacionales, cuya falta de mantenimiento se convirtió en un reclamo recurrente.
En ese encuentro, se pondrá sobre la mesa el combo que golpea de lleno a los gobiernos subnacionales: la licuación de la coparticipación, la paralización de la obra pública nacional, el aumento de los costos operativos y la caída de la recaudación local.
¿Un modelo centrado en el ajuste?
Este escenario se da en el marco del programa económico del presidente Javier Milei, centrado en el superávit fiscal. El Gobierno nacional ha reducido drásticamente el envío de fondos discrecionales y ahora, el informe del CFI evidencia que incluso las transferencias automáticas, previstas constitucionalmente, también caen en términos reales.
Algunos mandatarios, en declaraciones reservadas, no descartan judicializar esta situación si no hay una reacción del Ministerio de Economía. “Estamos financiando el ajuste con recursos provinciales”, lanzó un gobernador del norte del país.
La cumbre del CFI se anticipa tensa, con mandatarios que buscarán coordinar estrategias comunes, no solo para reclamar más fondos, sino para definir una posición política frente a la Casa Rosada. El recorte, esta vez, no distingue colores políticos: todos pierden.
