El Congreso Nacional se encuentra actualmente debatiendo una controvertida propuesta para modificar el régimen penal juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta iniciativa ha generado un amplio abanico de opiniones y posturas. Para analizar esta compleja temática, Infopico Radio 99.9 dialogó con Eduardo Aguirre, exdefensor general de la provincia de La Pampa y reconocido abogado, quien ofreció una perspectiva crítica y fundamentada.
Aguirre, con una vasta trayectoria que incluye su participación como experto en el Congreso en 2005 durante un intento similar de reforma tras el caso Blumberg, manifestó de entrada su rotunda oposición: “Mi opinión era y es absolutamente contraria a la necesidad de que se baje la edad de la punibilidad juvenil”.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el letrado se basa en el derecho internacional de los derechos humanos. “No corre la regresión, es decir, rige el principio de no regresividad (…) y de progresividad, que de alguna manera le prohíbe a los estados regresar a instancias anteriores en la cobertura de derechos”, explicó. Recordó que Argentina ha avanzado históricamente desde los 14 años establecidos en el Código Penal de 1921 hasta los 16 años actuales, y advirtió que el país ya ha sido condenado internacionalmente por la aplicación de penas severas a menores y por los malos tratos en centros de detención.
El exdefensor general enfatizó la necesidad de “investigar seriamente las causas de los delitos y tener una política criminal y social más o menos consistente”, advirtiendo contra la simplificación de un tema tan complejo que puede avivar “pasiones, resentimientos, frustraciones, odios”. Un aspecto crucial, según Aguirre, es la “carencia de una idea de futuro” que afecta a muchos jóvenes y adultos en la actualidad. “Esta sensación de frustración permanente tiene que ser analizada, porque de alguna manera cataliza y multiplica estas pulsiones de odio, de violencia”, reflexionó.
Contrario a la idea de que la punición es la única garantía, Aguirre destacó el trabajo realizado en La Pampa: “La Pampa se ha trabajado muy bien en un sistema penal juvenil, que espero que funcione, pero La Pampa tiene una tradición en ese sentido que no tiene en otras provincias”. Criticó, además, el funcionamiento de un “federalismo muy frágil” donde las decisiones nacionales a menudo desconocen las realidades provinciales. “Las tasas de delitos cometidos por niños y niñas en el conurbano o en el AMBA no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurre en muchos lugares del interior del país, como es el caso de La Pampa”, ejemplificó.
Aguirre también cuestionó la efectividad de la baja de imputabilidad para disminuir la criminalidad, citando ejemplos como Brasil y México, que con una edad de 12 años presentan altas tasas de homicidio. Alertó sobre el riesgo de que esta medida sirva como excusa para la privatización de cárceles, un modelo que, para ser redituable, “necesita cada vez más presos”. En contraste, señaló que “las tasas de homicidio de la provincia de La Pampa (…) son tasas, yo les diría, casi de Europa Occidental” y que se ha observado una “disminución sistemática de los delitos cometidos por niñas y niñas” en las últimas dos décadas en la provincia.
Otro punto crítico abordado fue la capacidad del Estado para gestionar las instituciones de encierro. “Si el Estado no puede controlar (…) las instituciones de encierro que tiene hoy, mucho menos podrá controlar las que piensa crear”, sentenció, basándose en su experiencia como director de política criminal en la provincia de Buenos Aires, donde un cambio en el sistema procesal penal triplicó la cantidad de presos sin que aumentara el delito.
El abogado describió el sistema penal como “discriminatorio, selectivo, estigmatizante”, que afecta principalmente a los sectores más vulnerables, siendo los niños y niñas “el eslabón más desfavorecido” y, a menudo, instrumentalizados por organizaciones delictivas. Advirtió que, de sancionarse la baja, “van a meter presos a las principales víctimas de políticas regresivas en materia económica y social”.
Al referirse a la situación pampeana, Aguirre reconoció los avances pero también señaló áreas de mejora. “Yo creo que hay que tener una mirada crítica sobre el sistema procesal, decididamente”, afirmó, apuntando a la complejidad de hacer convivir leyes de raigambre colonial española con sistemas procesales de influencia anglosajona. Consideró que “la cultura de los operadores judiciales y la modificación de esa cultura, la adecuación de esa cultura a las nuevas complejidades, me parece que es uno de los problemas, yo diría el problema más grave que afronta el servicio de justicia en la provincia”. Subrayó la importancia de que los operadores judiciales no solo conozcan la ley, sino también “otros saberes que son complejos, como la filosofía, como la criminología, como la sociología”.
Finalmente, Eduardo Aguirre vinculó la problemática de la delincuencia juvenil a factores estructurales como la pobreza, la exclusión social y, fundamentalmente, “la injusta desigualdad de las sociedades”, que genera frustración y la sensación de un presente perpetuo sin futuro.
