El Gobierno provincial de La Pampa, a través de la Dirección General de Rentas y con la intervención del Ministerio de Seguridad y Justicia, ha impuesto una multa de $22.831.207,28 a un productor rural por realizar una quema no autorizada en el establecimiento “El Milo”, situado en el Departamento Toay. Este incendio, que se descontroló, afectó más de 1600 hectáreas de bosques, fauna silvestre, infraestructura rural y predios aledaños.
El procedimiento sancionatorio fue impulsado por la Dirección General de Defensa Civil, tras constatar que el incendio, ocurrido el 25 de agosto de 2021, fue provocado por una quema prescripta iniciada sin la debida autorización y sin respetar las condiciones climáticas establecidas por la normativa vigente. Según el informe técnico de Defensa Civil, el fuego se propagó rápidamente debido al viento, causando daños en cinco establecimientos colindantes y afectando la flora y fauna autóctona, alambrados, instalaciones y cultivos. La magnitud del incendio requirió la intervención de brigadistas durante varios días para controlar la situación y evitar mayores pérdidas.
El infractor fue sancionado por violar el artículo 10 de la Ley Provincial N°1354 y su decreto reglamentario, que exigen que toda quema cuente con autorización previa de la autoridad de aplicación, así como el respeto de medidas preventivas específicas. La sanción original se estableció en 50.000 litros de gasoil, equivalentes a 10 millones de pesos al momento de la disposición. Con intereses y ajustes, el monto total a abonar por el infractor superó los $22 millones, los cuales fueron destinados a Rentas Generales para el Fondo de Prevención y Lucha contra Incendios en Zonas Rurales.
Desde el Gobierno provincial se enfatizó que estas acciones no solo buscan sancionar hechos irresponsables, sino que también tienen como objetivo preservar los recursos naturales, proteger la vida y los bienes de la población, y reforzar el cumplimiento de la ley. En este sentido, el Ministerio de Seguridad y Justicia recordó la importancia de actuar con responsabilidad y respetar la normativa vigente en materia de manejo del fuego. La quema, como herramienta de manejo agropecuario, está regulada, y no cumplir con los protocolos es un acto que pone en riesgo a toda la comunidad.
Asimismo, se reiteró que todas las quemas prescriptas deben ser solicitadas con antelación y contar con el aval de la autoridad competente, especialmente en épocas de mayor riesgo por condiciones climáticas adversas. Finalmente, se hizo un llamado a productoras y productores rurales para que consulten con Defensa Civil antes de realizar cualquier quema, evitando acciones ilegales y colaborando en la construcción de una provincia segura y responsable en el uso del fuego.
