El gobernador Sergio Ziliotto abordó la reciente condena judicial a una docente de General Pico por “maltrato psíquico” a una alumna, y defendió la actuación del Ministerio de Educación provincial. Sus declaraciones buscan aclarar la polémica generada a nivel nacional sobre el manejo del caso.
Ziliotto explicó que el Ministerio de Educación aplicó el acuerdo paritario 138, cuyo principio rector establece la reserva de las actuaciones para preservar la identidad de los involucrados. “La posición mediática que ha tenido este tema y que realmente se ha reflejado en todo el país pone en dudas la actuación del Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación aplicó el acuerdo paritario 138 tal cual lo dice su propia letra”, afirmó el gobernador.
El origen del caso se remonta al 7 de octubre de 2023, tras un incidente en el ámbito escolar. Según Ziliotto, el Ministerio actuó de acuerdo con el protocolo establecido, que define el procedimiento a seguir cuando se sospecha de la actuación inapropiada de un miembro del equipo docente. “Hay un protocolo (el 138) que establece de qué se debe actuar cuando un miembro de la comunidad educativa, del equipo docente, tiene su actuación sospechada. Eso se hizo en forma reservada”, detalló.
El gobernador aclaró que la intervención judicial fue iniciada por el padre de la alumna, ejerciendo sus derechos personales. “Después por una cuestión de derecho personales, el papá de la alumna involucrada fue la Justicia; es otro poder es otro carril”, señaló.
Además, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Educación el sumario y las actuaciones realizadas, sumándose al proceso. “Intervino la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que le solicitó al Ministerio de Educación todo el sumario y las actuaciones que ya había hecho el Ministerio para que sea parte del proceso”, agregó Ziliotto.
El gobernador enfatizó que la actuación se realizó dentro del marco institucional y la división de poderes. “Se actuó en el marco de lo que establece la institucionalidad y la división de poderes”, subrayó. Ziliotto también destacó que la directora de la escuela, como parte del equipo docente, fue quien activó el protocolo. “Quienes ponen en marcha el protocolo son trabajadores de educación, como corresponde en este caso, la directora de la escuela”, afirmó.
Finalmente, Ziliotto concluyó: “El Estado somos todos, y en este caso quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha un protocolo establecido por un acuerdo paritario son los propios docentes y eso fue lo que se hizo”.
