La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declarar inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del docente Juan Manuel Lavín, y así dejar firme su condena por acoso sexual y hostigamiento, ha generado una fuerte reacción por parte de su abogado defensor, Juan Cruz Goyeneche.
En una carta dirigida a INFOPICO.COM, Goyeneche calificó el proceso judicial contra su defendido como una muestra del “deterioro del sistema judicial en determinadas jurisdicciones del país” y cuestionó duramente el proceder de los jueces, fiscales y de la propia Corte Suprema, que, según sostuvo, “no rechazó, no confirmó, simplemente no le dio tratamiento”. Para el abogado, ese silencio equivale a “avalar una injusticia”.
El caso contra Lavín se inició en la justicia contravencional de General Pico, provincia de La Pampa, donde el juez Maximiliano Boga Doyhenard lo condenó por considerarlo responsable de conductas inapropiadas hacia dos alumnas de sexto año. Según consta en el fallo, se dieron por probadas diversas situaciones en las que el docente habría realizado comentarios de connotación sexual y actitudes inapropiadas dentro y fuera del aula. La pena impuesta incluyó una multa económica, la prohibición de contacto con las víctimas, una amonestación formal y la obligación de asistir a un curso de reeducación en temática de género.
Desde la defensa, sin embargo, se argumenta que el proceso estuvo “plagado de ambigüedades, inconsistencias y ausencias probatorias”. Goyeneche advirtió sobre una supuesta “militancia judicial teñida por ideologías de género” y denunció que fiscales y jueces habrían actuado “movidos por el deseo de protagonismo” o “temor a perder sus cargos”, más que por una búsqueda genuina de justicia.
La postura del letrado también pone en cuestión el rol institucional del máximo tribunal del país, al sostener que la falta de revisión del caso por parte de la Corte representa una renuncia a su deber de garantizar una justicia imparcial. “Cuando se condena sin revisar, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una herramienta peligrosa en manos equivocadas”, concluyó.
Mientras tanto, el juez Boga Doyhenard intimó a Lavín a cumplir con la multa, notificó del fallo al Ministerio de Educación y al Tribunal de Disciplina, y solicitó a la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica que considere brindar instrucción en género a los involucrados.
LA CARTA COMPLETA
Cuando la Justicia olvida su norte
Señor Director:
Le escribo con el deber y la convicción de quien no puede, ni debe, callar frente a la profunda injusticia que atraviesa mi defendido, el Sr. Lavín, y que, lamentablemente, no es un caso aislado, sino un síntoma claro del deterioro del sistema judicial en determinadas jurisdicciones del país.
El proceso contra Lavin ha estado desde sus inicios plagado de ambigüedades, inconsistencias y ausencias probatorias que, en cualquier Estado de Derecho genuino, habrían sido suficientes para declarar su inocencia. Pero no. Aquí se prefirió hacer oídos sordos al principio fundamental que protege a cada ciudadano frente al poder punitivo del Estado: ante la duda, se absuelve. Y lo que es peor, se lo condenó sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siquiera se dignara a revisar el caso. No rechazó. No confirmó. Simplemente, no le dio tratamiento. El silencio como forma de avalar una injusticia.
Mientras tanto, en la justicia provincial donde se originó esta persecución, lo que debería ser imparcialidad y mesura se ha visto reemplazado por una militancia judicial teñida por ideologías de género que, lejos de proteger a todos por igual, han nublado el verdadero norte de la justicia: ser justa con todos, sin distinción ni prejuicio. Hoy, las decisiones parecen responder más a alineamientos ideológicos que a la aplicación fría y justa del derecho.
A esto se suman fiscales que, movidos por el deseo de protagonismo y no por la búsqueda de la verdad, avanzan sobre personas inocentes sin medir el daño humano, familiar y social que causan. Y jueces que, en lugar de actuar con coraje y responsabilidad, eligen proteger sus cargos, plegándose al relato de turno.
Todo este combo —provincias alineadas con estructuras judiciales del pasado, fiscales que buscan notoriedad, jueces temerosos, y una Corte que se ausenta— conforma un sistema que ya no garantiza justicia real, sino escenografía institucional.
El caso Lavín debería hacernos reflexionar como sociedad: cuando el aparato judicial se convierte en trinchera ideológica, cuando se renuncia al deber de dudar, cuando se condena sin revisar, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una herramienta peligrosa en manos equivocadas.
Con la esperanza de que la verdad y el sentido común vuelvan a tener lugar en nuestros tribunales, saludo a usted muy atentamente.
Juan Cruz GOYENECHE
Abogado Defensor
