La reciente condena judicial a la docente Ana Cecilia Contreras en General Pico encendió las alarmas en el ámbito educativo pampeano. Tras la sentencia del juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, el gremio UTELPa emitió un comunicado donde manifiesta su preocupación por lo que considera una “intromisión del poder judicial en el ámbito educativo”, alertando sobre los riesgos que esta situación representa para la autonomía normativa del sistema educativo.
Una condena que tensiona los límites entre justicia y educación
Contreras fue hallada culpable de maltrato psíquico contra una alumna, por lo que deberá pagar una multa de 913.800 pesos y cumplir con otras sanciones, como la prohibición de contacto con la víctima durante un año y la asistencia obligatoria a un seminario formativo dictado por la UNLPam. Según el fallo, la docente realizó comentarios considerados ofensivos y antisemitas durante una clase, avalando públicamente los ataques del grupo Hamas contra Israel, lo cual afectó profundamente a la estudiante, de origen israelí.
En su sentencia, el juez Boga Doyhenard detalló que la imputada “no actuó con neutralidad” y que sus dichos generaron un “impacto negativo” en la comunidad escolar. También remarcó la “falta de empatía” y la imposibilidad de los estudiantes de expresar opiniones disidentes en clase.
El comunicado del gremio: defensa de la autonomía y la normativa educativa
Frente a esta situación, UTELPa (Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa) expresó su rechazo a la judicialización de la tarea docente, subrayando que “las conductas o actuaciones de las y los docentes deben ser evaluadas dentro del marco normativo específico del sistema educativo”, en referencia al Estatuto del Trabajador/a de la Educación (Ley 1124), la Ley Provincial de Educación (Ley 2511) y organismos internos como el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación.
“La intervención del Poder Judicial en este caso desconoce estos marcos legales que fueron diseñados para proteger y fortalecer una educación pública, democrática e inclusiva”, sostuvo el sindicato.
Además, el gremio reafirmó su compromiso con “la defensa de la educación pública, la autonomía de las instituciones educativas y el respeto al rol docente”, pilares que, aseguran, están siendo puestos en cuestión.
Debate abierto: ¿quién debe juzgar a los docentes?
El caso ha abierto un debate en la provincia y más allá de sus fronteras: ¿hasta dónde llega la libertad de cátedra? ¿Qué límites tiene la expresión dentro del aula? ¿Puede intervenir la justicia penal en situaciones que tradicionalmente han sido evaluadas por órganos educativos?
Mientras la justicia actúa en defensa de derechos vulnerados y la comunidad educativa plantea la necesidad de preservar su autonomía, se hace evidente que este conflicto no es aislado: forma parte de una tensión creciente entre distintos poderes del Estado en torno al rol de la escuela, el alcance del discurso docente y la protección de derechos fundamentales dentro del ámbito educativo.
En medio de este panorama, UTELPa advierte que este tipo de decisiones judiciales pueden sentar precedentes peligrosos. “La educación debe ser evaluada por sus propios instrumentos, no por lógicas externas que pueden desconocer su complejidad y autonomía”, concluye el comunicado.
