El fiscal provincial Matías Juan confirmó que la causa contra la empresa Market Capital pasará definitivamente a la órbita de la Justicia Federal, tras una resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia.
“Nosotros en mayo del 2022 habíamos iniciado una investigación en función de diferentes denuncias que se fueron recibiendo de personas, la mayoría domiciliadas en General Pico, que denunciaban a otras tres o cuatro muchachos que, a través de una empresa que ellos denominaban Market Capital, ofrecían o se ofertaban como un fondo de inversión para que la gente les entregara su dinero en pesos, los convertían en dólares y prometían una rentabilidad mensual de entre 17 y 20%”, explicó el fiscal.
Según informó, el esquema generó múltiples reclamos al no cumplir con la devolución del capital y los intereses comprometidos. “Lo cierto es que una gran cantidad de personas lo hizo y, al cabo de cierto tiempo, empezaron a reclamar la entrega de sus ganancias y estas personas con diferentes excusas no le dieron no solo los intereses, sino que tampoco le devolvieron el capital invertido. Básicamente, según nuestra teoría del caso, se quedaron con todo el dinero”.
En aquel momento, la Fiscalía recibió 72 denuncias por un perjuicio total que superaba los 650 mil dólares. “Estamos hablando a mediados de 2022. Los pesos que la gente colocaba se convertían en dólares. Había una persona que se hacía llamar CEO y después otros muchachos que trabajaban con él”, detalló Juan, y agregó que, tras las primeras detenciones, los imputados quedaron en libertad con medidas sustitutivas.
La investigación provincial reveló, además, que los hechos podrían constituir delitos de competencia federal, como lavado de activos, intermediación financiera y violaciones a la Ley Penal Cambiaria. “Determinamos con el doctor Armando Abuelo, fiscal general, que podría haber la configuración de delitos federales, ¿sí? Entonces en junio de 2022 le pedimos al juez de control, Ambrogetti, que declare la incompetencia material de la causa, porque entendíamos que no solo había defraudación, estafa, sino que había delitos federales como lavado de activos…”.
El juzgado federal de Santa Rosa, en un primer momento, no aceptó unificar la investigación, lo que generó una disputa de competencia resuelta finalmente por la Corte Suprema de Justicia a favor del fuero federal. “Nos da la razón en el sentido de que debe intervenir enteramente la Justicia Federal de Santa Rosa, tanto para los delitos federales como para la estafa también, porque no se puede escindir o separar la conducta. Es todo una unidad de conducta… Entonces está todo relacionado íntimamente, debe investigarse todo junto”.
El fiscal remarcó que ninguna de las personas afectadas recuperó su inversión: “Nunca hubo ni siquiera, mientras teníamos nosotros la causa, un ofrecimiento de reparación económica. Los damnificados no han recuperado absolutamente nada”.
Con el fallo de la Corte Suprema, la causa -que se inició en mayo de 2022- será remitida al Juzgado Federal de Santa Rosa, el cual continuará con la investigación y resolverá la situación procesal de los imputados. “Ahora el Juzgado Federal podrá imputarles los delitos federales una vez que ya tenga la causa”, concluyó el fiscal.
