El presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, calificó como “gravísimo” el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, realizado por decreto del presidente Javier Milei. “Es un nombramiento de facto, con una interpretación a la ligera. Desaparece la seguridad jurídica”, alertó, advirtiendo sobre el daño institucional que implica esta decisión.
Fernández Mendía hizo hincapié en la omisión del rol del Senado de la Nación. “Es aberrante pasar por alto el rol del Senado de la Nación. ‘Le deben el cargo al capricho del presidente. El Poder Legislativo es soslayado. Desaparece la seguridad jurídica’”, afirmó en declaraciones a CPEtv. En la misma línea, reprochó la falta de inamovilidad que, en su opinión, impide que los nuevos magistrados ejerzan con plena independencia:
“Una de las condiciones para ser juez de la Corte y de toda la justicia es la inamovilidad. Estamos nombrando a gente que no sabemos si se va a dar acuerdo. ¿Qué independencia puede tener un Ministro de la Corte que tiene todavía en suspenso su continuidad?”.
El Superior Tribunal, por unanimidad, pidió a la Junta Federal de Corte —que nuclea a todas las cortes del país— que manifieste su repudio a los nombramientos. Según el magistrado, la oposición no es solo a raíz de un procedimiento “inconstitucional”, sino también por la falta de idoneidad de al menos uno de los designados:
“No solamente por un procedimiento que es inconstitucional, sino porque Lijo no reúne idoneidad e independencia para el cargo. Es muy conocido su cajoneo de expedientes de peso político”.
Asimismo, el juez cuestionó la forma en que García-Mansilla ingresaría a la Corte:
“Esto genera un absurdo. Siempre la Corte, en distintas integraciones, ha dicho que sus fallos necesitan el acatamiento moral de la justicia del interior del país. Es muy difícil hablar de acatamiento moral cuando la forma de llegar a la Corte es repudiable, moralmente y jurídicamente”.
Para Fernández Mendía, la designación por decreto menoscaba la división de poderes y desprecia el rol legislativo:
“Estamos en total desacuerdo con este procedimiento de desconocer los otros poderes, como el Senado de la Nación… El Poder Legislativo es soslayado totalmente. Entonces el Estado de Derecho queda con una elasticidad, con una debilidad internacional. La seguridad jurídica desaparece”.
Frente a la objeción de que el Gobierno niega la inconstitucionalidad por la demora del Senado y por haberse realizado el nombramiento en receso, el presidente del STJ subrayó la importancia de la inamovilidad judicial:
“Durante estos meses, ¿qué pasa con lo que digan en su fallo? Si no sabemos si van a seguir… Nombrar a alguien en comisión para la justicia es aberrante… No se puede manipular la Constitución de una manera tan espuria y tan evidente”.
En referencia a antecedentes de procedimientos similares, recordó que cuando fueron propuestos Rosatti y Rosenkrantz “por lo menos después tuvieron el acuerdo del Senado”. En cambio, para el caso actual, ya existen voces parlamentarias anunciando que no habrá acuerdo:
“¿Qué inamovilidad puede tener Lijo y García Mansilla cuando ya el parte del Senado está anunciando que no les van a dar el acuerdo?”.
Por otra parte, el magistrado advirtió el impacto que puede tener esta situación a nivel internacional:
“No sé si no se miden las consecuencias. El juzgamiento que se haga a nivel internacional sobre la debilidad institucional que implica este nombramiento, de facto, usando una interpretación muy a la ligera de la Constitución, es grave”.
Finalmente, al ser consultado sobre si la maniobra busca disimular el escándalo de las cripto estafas que rodea al presidente Milei, Fernández Mendía se mostró cauto, pero no descartó la posibilidad:
“No tengo experiencia política. Si yo fuera Doña Rosa o Don Juan, me da que pensar que realmente siempre se trata de disminuir los efectos de los escándalos. No me extrañaría, pero no me animo a juzgar. No tengo elementos para juzgarlo, pero me extraña muchísimo… acudir de esta manera y en este momento era innecesario”.
Para el presidente del STJ, toda esta situación “le hace muy mal a la calidad institucional del país” y “es responsabilidad esencial del Senado” impedir que “el Poder Ejecutivo maneje a su antojo un poder fundamental como el Judicial”. Concluyó que “el Poder Judicial se va a debilitar con alguien que depende del capricho del Poder Ejecutivo” y que “la seguridad jurídica desaparece”.
