El Gobierno de La Pampa, a través de Erica Riboyra, presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), expresó un contundente rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de disolver el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social mediante el Decreto 06/2025. Riboyra reclamó que se revierta esta medida o se implementen políticas alternativas que permitan dar continuidad a los programas de vivienda en el país.
“La disolución de este fondo es una decisión unilateral y antojadiza que representa un golpe devastador para las familias humildes y trabajadoras de nuestra provincia y de toda la Argentina”, afirmó Riboyra. Además, denunció que esta medida forma parte de un “plan sistemático de desmantelamiento del Estado y de retraimiento en políticas que benefician a los más vulnerables”.
Impacto en La Pampa y la vivienda como derecho fundamental
Riboyra destacó que La Pampa ha priorizado históricamente la construcción de viviendas como un derecho humano esencial. “La vivienda no es un lujo ni un privilegio, es un derecho humano fundamental que garantiza estabilidad, dignidad y una base segura para el desarrollo de las familias”, sostuvo. Según la funcionaria, esta medida vulnera gravemente este derecho, profundizando desigualdades y afectando la estabilidad social.
La presidenta del IPAV también subrayó que el desmantelamiento del Fondo Fiduciario se suma a la paralización de proyectos clave como los planes ProCreAr y Casa Propia, afectando directamente los sueños de miles de familias pampeanas que aspiraban a acceder a un hogar digno.
El rol de la vivienda en la economía local
Además de garantizar un derecho básico, Riboyra destacó los beneficios económicos y sociales que trae la construcción de viviendas. “En La Pampa, fuimos testigos de cómo generan empleo, potencian el desarrollo económico y promueven la igualdad social”, afirmó. Cada vivienda entregada es resultado del esfuerzo conjunto entre el Estado provincial y empresas pampeanas, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de las familias.
Llamado a la acción y alternativas provinciales
La funcionaria reafirmó el compromiso del IPAV con las familias pampeanas y detalló las acciones que el gobierno provincial está llevando a cabo para mitigar el impacto de las medidas nacionales. Entre estas, se destacan el fortalecimiento de programas habitacionales provinciales, el trabajo conjunto con intendencias y la búsqueda de alternativas de financiamiento.
Riboyra también instó a legisladores nacionales, autoridades municipales y a la sociedad en general a unirse en defensa del derecho a la vivienda. “La vivienda no puede ser moneda de cambio ni rehén de decisiones políticas que atentan contra nuestra gente”, enfatizó.
Finalmente, exigió que el Gobierno nacional revierta estas medidas o transfiera los fondos correspondientes a La Pampa. “No permitiremos que el desmantelamiento del Estado condene a nuestras familias al olvido”, concluyó.
