Al finalizar el año 2024, la Justicia del norte pampeano se encuentra frente a un escenario con demandas crecientes, escasez de recursos y delitos en constante transformación. Así lo expresó el Fiscal General, Armando Agüero, en una entrevista concedida a INFOPICO RADIO 99.9, donde analizó la situación actual del sistema judicial, sus avances tecnológicos, los tipos de delitos predominantes y las perspectivas para el 2025.
Un balance del 2024 y la esperanza en el 2025
“Ojalá que el 2025 sea mucho mejor”, afirmó Agüero al iniciar su balance del año que termina. Si bien reconoció que el 2024 transcurrió sin grandes complicaciones, también destacó que las demandas de la sociedad en términos de seguridad y justicia van en aumento, lo que implica la necesidad de mayor personal y recursos. “Trabajar, trabajamos bien, siempre uno tiene expectativas de hacerlo mejor y tener mayores recursos… Cada vez las cuestiones se complejizan más, cada vez son más las demandas”, sostuvo.
La falta de ingreso de nuevo personal no pasó desapercibida. Según el Fiscal General, “en el 2024 no hubo ingreso de personal, y en el 2025, por lo que conozco del presupuesto, me parece que tampoco”. Ello incide directamente en la labor cotidiana, donde los fiscales y equipos de trabajo deben asumir una carga creciente sin reforzar las dotaciones existentes.
La evolución de la criminalidad y la complejización de las investigaciones
Agüero remarcó el profundo cambio en la tipología delictiva en la provincia. “La delincuencia ha cambiado muchísimo también en el tipo de delito. Antes teníamos mucho delito rural, delitos domiciliarios, robos con armas; llegamos a tener hasta 8 o 10 homicidios por año. Hoy casi no hay delito rural, poco delito domiciliario, pero muchísimo delito de género, muchísimas estafas”, detalló.
El fiscal destacó esta mutación delictiva: de un escenario más tradicional, con hurtos y robos rurales, se pasó a uno marcado por la violencia de género, los fraudes y otros ilícitos más complejos. En su evaluación, el 2024 tuvo como hecho más grave el femicidio ocurrido en la zona de Monte Nievas. “Ese fue el único femicidio que tuvimos por suerte”, indicó, subrayando que el caso está “esclarecido”.
La digitalización y la agilización del sistema judicial
Uno de los aspectos positivos que resaltó Agüero fue la incorporación de herramientas tecnológicas que aceleran notablemente los procesos. “Hoy se ha digitalizado todo, ya no tenemos papel básicamente, y eso agiliza un montón”, señaló. Puso como ejemplo un accidente sucedido en Quemú Quemú: “El policía saca 50 fotos y en 10 minutos ya las tenemos el fiscal y yo. Inmediatamente se las pasás a la Agencia de Investigación Científica, al forense, con el whatsapp arreglás lo que hay que hacer”.
La digitalización no sólo facilita la recopilación de pruebas, sino que también agiliza las comunicaciones y el acceso a la información para todos los operadores del sistema (jueces, defensores, abogados, víctimas). Sin embargo, el Fiscal General reconoció que todavía no se han incorporado sistemas de inteligencia artificial. “Todavía nada… seguimos trabajando con la inteligencia propia, la que hay”, dijo con humor.
El desafío del penal juvenil
Uno de los puntos críticos para el 2025 será la continuidad de la fiscalía dedicada a menores en conflicto con la ley penal. Durante el 2024, esta área se implementó tomando recursos humanos de los juzgados de familia, pero esas designaciones eran transitorias. “Es muy probable que tengamos dificultades con la fiscalía de menores… no tenés recursos humanos para investigar”, advirtió Agüero.
La especialización que requiere el penal juvenil es clave. “El penal juvenil es un tema específico, tiene otra mirada… no se resuelve como con los adultos”, explicó. Sin embargo, el panorama presupuestario no es alentador: “El pronóstico para el 2025 en términos de penal juvenil es sombrío”.
Falta de recursos y reclamos sin respuesta
El Fiscal General confirmó que desde la Procuración General se elevaron los pedidos necesarios para reforzar el recurso humano, pero la falta de aprobación presupuestaria obstaculiza la normal aplicación de la Ley de Penal Juvenil. “Necesita la generación de recursos. Habrá que ver si se aplica. Es una cuestión pura y exclusivamente económica”, lamentó.
Delitos rurales en baja, pero con fiscales especializados
La creación de Fiscalías de Delitos Rurales también fue puesta bajo la lupa. Hoy, esos delitos han descendido notablemente, y la especificidad de estas fiscalías resulta, en cierto sentido, sobredimensionada. “Mirar los números y te das cuenta que no es una cosa grave. Más complejo, una estafa o la acusación de adolescentes que un delito rural”, explicó.
Pese a ello, desde el Ministerio Público Fiscal se optó por integrar los delitos rurales a las fiscalías de propiedad para optimizar recursos y evitar que un fiscal quede sin tareas relevantes. “Nosotros internamente hicimos el reclamo de que el fiscal rural no fuera sólo rural, sino que pudiera intervenir en otros temas”, recordó.
Conclusión
De cara al 2025, la Justicia pampeana afronta el desafío de fortalecer su equipo humano y su capacidad de respuesta ante la creciente complejidad del delito. Si bien la digitalización ha sido un paso adelante, la falta de presupuesto y la ausencia de nuevos cargos conspiran contra la eficiencia del sistema.
Agüero lo sintetizó con crudeza: “La justicia penal no repara, sólo castiga, y no previene. Nosotros actuamos después de que las cosas pasen”. Para el nuevo año, la pregunta es si el sistema contará con las herramientas necesarias para responder, de modo rápido y especializado, a las demandas de la sociedad pampeana.
