El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, brindó una entrevista a InfoPico.com donde abordó la situación provincial en un contexto de desfinanciamiento y falta de apoyo desde Nación para con los gobiernos provincailes. Hace 48 horas, Álvarez se reunió con Pablo de la Torre, quien era el segundo en el Ministerio de Capital Humano, responsable del área de niñez y familia, y un día después fue removido del cargo. Esto generó incertidumbre sobre la continuidad de los diálogos y soluciones planteadas.
“Hoy, si me decís, volvimos a foja cero”, afirmó Álvarez. La remoción de este y otros funcionarios agravó la situación, especialmente tras el escándalo de los depósitos de alimentos retenidos, lo que evidenció la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional en la grave situación social que se está viviendo en gran parte del país. El ministro evidenció la disociación entre la realidad social y la responsabilidad pública.
A nivel provincial, Álvarez subrayó el trabajo continuo en el área social desde hace casi 20 años, basado en la información recolectada a través del sistema Pilken. Este sistema permite monitorear y planificar las intervenciones sociales, adaptándose a las necesidades de cada núcleo familiar.
En 2020, la pandemia exacerbó la vulnerabilidad de muchas familias. De los 22.000 titulares de tarjetas sociales, 10.000 quedaron sin el respaldo de la tarjeta alimentar nacional, lo que llevó al gobierno provincial a implementar el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE).
En diciembre de 2022, se decidió trabajar individualmente con estos 10.000 núcleos familiares, garantizando su acceso a la canasta básica alimentaria. Esta medida, según Álvarez, es única en el país y ha permitido una transferencia de recursos acorde a la realidad de cada familia.
“La falta de respuestas adecuadas profundiza las dificultades económicas y sociales en La Pampa”
Diego Álvarez, ministro de Desarrollo Social de La Pampa.
Álvarez advirtió sobre la recesión económica y su impacto en el empleo: “Vienen tiempos complejos todavía”. El ministro enfatizó la necesidad de garantizar el acceso a la alimentación como una prioridad para la paz social. La inflación de los alquileres y las tarifas de servicios básicos, junto con el incremento en el costo de la garrafa de gas, están profundizando la crisis en la provincia.
Para enfrentar estos desafíos, el gobierno provincial ha solicitado un mayor acompañamiento de los sectores con más alto patrimonio y del sector financiero. Álvarez explicó que se presentó un proyecto de ley en la Cámara Legislativa para que 4.000 contribuyentes con mayor patrimonio realicen un aporte solidario. Este aporte busca generar fondos adicionales para sostener los programas de ayuda social y garantizar que los sectores más vulnerables de la población tengan acceso a los recursos necesarios.
El objetivo del aporte solidario es doble: por un lado, asegurar que aquellos en situación de vulnerabilidad puedan tener un apoyo continuo; por otro, mantener la paz social en un contexto de creciente tensión económica. “Esto tiene una doble mirada. Si vos tenés el pueblo y la sociedad, y los más vulnerables contenidos, también significa tener un pacificador social puesto en marcha”, concluyó Álvarez, destacando la importancia de la solidaridad y el compromiso en tiempos de crisis.
