Las instituciones educativas juegan un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares. En las escuelas estatales, 1 de cada 3 directores tuvo que intervenir en este tipo de situaciones, mientras que en las instituciones privadas, es 1 de cada 4.
La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. Por otro lado, el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas. Las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%).
Los datos surgen del informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano – UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento aborda el rol de las escuelas en la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021.
El informe plantea que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una “epidemia silenciosa” con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes. En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%).
A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan que han tenido que intervenir en este tipo de situaciones.
En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%). De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.
A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.
“Es alentador ver cómo la interacción entre docentes y alumnos genera un círculo virtuoso, donde el diálogo sobre temas sensibles con los educadores conduce a un mayor interés y demanda de información por parte de los estudiantes. Sin embargo, es preocupante que aún haya un porcentaje significativo de alumnos que no discuten estos temas con nadie. Además, se evidencia la necesidad de un mayor apoyo del Estado y de la sociedad civil para fortalecer el rol de las escuelas, no solo en la identificación y reporte de casos de violencia, sino también en la conexión de las familias con los servicios necesarios para prevenir y abordar esta problemática de manera integral”, señala Mercedes Sidders, coautora del informe.
Sidders explica que las escuelas solo suelen denunciar los casos de violencia más graves y urgentes. En cambio, los episodios de “mediana” gravedad no se reportan por temor a las consecuencias, especialmente en comunidades pequeñas donde realizar una denuncia puede tener un alto costo social o emocional para los docentes y directivos involucrados, o puede generar represalias por parte del adulto responsable del niño/a.
El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.
“La gran mayoría de niñas y niños víctimas de violencias temen pedir ayuda porque tienen terror a sufrir represalias peores de las ya vividas por parte de sus agresores: por lo general, sus propios padres, de quienes dependen económica, psicológica y emocionalmente para vivir. En este aspecto, resulta imprescindible la figura del docente a la hora de transmitir a las nuevas generaciones valores relacionados con la libertad de expresión y la desnaturalización de la violencia”, afirma María Cecilia López, psicóloga especializada en el tratamiento del abuso sexual en la infancia.
“La naturalización de la violencia en los hogares y el miedo hacen que no sea sencilla la comunicación entre los estudiantes y su escuela. Es urgente que las instituciones educativas se vuelvan más competentes para prevenir y detectar conflictos y violencia, y a su vez puedan gestionar la ayuda pertinente”, plantea Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.
“Es importante destacar que en materia legislativa estamos muy bien posicionados: las leyes son de avanzada en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto a la violencia y el abuso. La escuela tiene un lugar preponderante en el sistema de protección: el problema aparece cuando deben aplicarse las normas escritas –como dice el saber popular, del dicho al hecho hay mucho trecho–. La Educación Sexual Integral viene a dar respuestas, pero no se aplica, la docencia no está capacitada para abordar estos temas, y los protocolos que existen no se usan”, sostiene la psicóloga María Beatriz Müller.
“La escuela no es solo un espacio académico: también representa la esperanza y el refugio para muchos niños y adolescentes que sufren en sus hogares. En este entorno, los maestros no solo enseñan, sino que también desempeñan un papel fundamental como guías y confidentes. Con su dedicación y empatía, pueden ser la clave que rescate a estos jóvenes de situaciones de violencia, ofreciendo apoyo y orientación hacia un camino seguro y lleno de oportunidades”, dice Paola Zabala, directora de Comunidad Anti Bullying Argentina.
Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, asegura: “Hemos notado una falta significativa en la implementación de protocolos de actuación, y cuando existen, a menudo carecen de capacitación y socialización adecuadas. Esto muchas veces conduce a que dichos protocolos queden relegados en el escritorio de algún directivo. Es crucial destacar que muchas escuelas están colaborando con otras instituciones como servicios sociales, centros de salud y ONGs para abordar integralmente la violencia en el hogar, y creemos que esta colaboración debe ser la norma para garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes”.
“El informe refuerza el rol del docente, no solo cómo agentes de transmisión de contenidos académicos, sino también de detección temprana de diferentes problemas psicosociales frente a los cuales los adultos tenemos que intervenir de manera inmediata. Sin embargo, para que los docentes puedan desempeñar efectivamente este papel, es crucial que reciban capacitación adecuada y cuenten con las herramientas y el apoyo necesarios para manejar estas situaciones de manera segura y efectiva. Un docente que escucha a sus alumnos es un docente que facilita el desarrollo emocional y social de los estudiantes, fomentando su desarrollo integral”, indica la licenciada Candelaria Irazusta, directora Ejecutiva del Equipo Anti Bullying Argentina.
