En la demanda, el gobernador Ignacio Torres reclamó hacer cesar “la retención automática de fondos coparticipables” que “son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos”, según el texto.
La justicia federal falló este martes a favor de la provincia de Chubut y, en su resolución, ordenó al Gobierno nacional suspender el recorte de fondos coparticipables, informaron fuentes judiciales.
La determinación fue tomada por el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, según surge de la resolución.
El magistrado resolvió “hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincia del Chubut, contra el Estado Nacional – Ministerio de Economía, disponiendo el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.
La medida judicial regirá “hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”, según surge del fallo.
El juez resolvió, además, “exhortar a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
En el punto III del fallo, sin embargo, el juez rechazó la pretensión de Chubut “en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida “autosatisfactiva” contra el Estado Nacional para que “case” la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.
En la demanda se reclamó hacer cesar “la retención automática de fondos coparticipables” que “son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
