La situación habitacional en La Pampa se encuentra en un punto crítico debido a la suspensión del financiamiento por parte del Gobierno Nacional para la construcción de viviendas sociales y obras de infraestructura complementarias. La deuda acumulada con el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) asciende a más de mil millones de pesos, un monto que refleja la gravedad de la crisis en el sector de la construcción y sus repercusiones en el ámbito social y laboral de la provincia.
Una Deuda que Agrava la Crisis Habitacional
El IPAV ha detallado que la deuda actualizada con el programa “Casa Propia” alcanza la alarmante suma de $1.100 millones de pesos, distribuida entre lo adeudado directamente al instituto y las deudas con las constructoras pampeanas. Esta situación no solo paraliza importantes proyectos habitacionales sino que también afecta directamente a las pymes locales y a los trabajadores del sector, exacerbando la ya de por sí delicada situación económica.
El Duro Golpe al Empleo
La falta de financiamiento ha tenido consecuencias directas en el empleo dentro del sector de la construcción en La Pampa. En los últimos 20 días, se registraron 370 despidos, producto del cese de actividades y la imposibilidad de iniciar nuevas obras. Adrián Pérez Habiaga, presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, destaca la magnitud nacional del problema, estimando que los despidos a nivel país podrían rondar los 70,000 desde diciembre. La falta de diálogo con el gobierno y el cierre de puertas a las cámaras sectoriales agravan la situación, dejando a las pequeñas y medianas empresas en una posición particularmente vulnerable.
Las Voces del Sector
Roberto Robledo, Secretario General de la UOCRA, y Adrián Pérez Habiaga han sido voces destacadas en la denuncia de esta crítica situación. Ambos señalan la falta de soluciones a corto plazo y la dificultad de reubicar a los trabajadores despedidos. La situación se agrava con el testimonio de Pérez Habiaga sobre las empresas Procrear, que no han recibido pagos desde noviembre del año pasado, contribuyendo a una deuda estimada en 3.000 millones de pesos y a un incremento en el número de despidos.
La deuda del Gobierno Nacional con el IPAV y el sector de la construcción en La Pampa no solo es un reflejo de la crisis habitacional, sino también de la precariedad laboral y la inestabilidad económica que afecta a la provincia. La falta de financiación y el estancamiento de los proyectos de vivienda social ponen de manifiesto la necesidad urgente de diálogo, soluciones a corto plazo y una reactivación del sector que permita mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta situación.
