En un contexto de creciente preocupación por la educación y el bienestar de los jubilados, dos temas sobresalen por su urgencia y relevancia: el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el déficit previsional. Estas situaciones, lejos de ser aisladas, reflejan un patrón de desatención y falta de compromiso por parte del gobierno nacional, afectando no solo a La Pampa sino también a otras once provincias argentinas.
Déficit Previsional: Un Compromiso Incumplido
El ministro de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, ha puesto en evidencia la ausencia de transferencias nacionales destinadas a cubrir el déficit previsional, una obligación que data de 1999. Según Bisterfeld, en enero de este año no se recibió el dinero correspondiente a la ley 27260, una situación que repite el incumplimiento ya visto el año pasado cuando los montos ascendieron a $163 millones mensuales. Esta falta de envío de fondos por parte de Anses afecta directamente a doce provincias argentinas, comprometiendo la estabilidad de sus regímenes previsionales no transferidos a la Nación.
Fondo de Incentivo Docente: Una Espera Sin Fin
Por otro lado, el Fonid, vital para el sostenimiento y motivación de los docentes a lo largo del país, enfrenta un escenario similar. El ministro Bisterfeld señala que, pese a las expectativas, en enero no se transfirieron los $410 millones correspondientes, comprometiendo el inicio del ciclo lectivo. Ministros y ministras de Educación han expresado su descontento a través de una nota dirigida al secretario de Educación de la Nación, solicitando claridad y previsibilidad en las transferencias de fondos esenciales para la educación.
Una Respuesta Local Ante la Inacción Nacional*
Ante esta situación, el Gobierno de La Pampa, ha tomado cartas en el asunto, asumiendo la responsabilidad de cubrir la totalidad de los salarios docentes, incluyendo aquellos montos que la Nación ha dejado de transferir. Esta medida subraya la importancia de contar con políticas educativas sólidas y el compromiso de las autoridades locales frente a la inacción del gobierno central.
La situación actual demanda una resolución urgente. La inacción del gobierno nacional no solo pone en riesgo la calidad educativa y la estabilidad económica de los docentes y jubilados sino que también evidencia una falta de compromiso con el cumplimiento de leyes y pactos previamente establecidos.
