La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa ha expresado su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de degradar el Ministerio, indicando que esto podría llevar a un recorte presupuestario y a la posible eliminación de programas para la protección y el empoderamiento de mujeres y diversidades. Según un informe del organismo, estas medidas “vulneran derechos que demandaron años de lucha para ser conquistados” y podrían destruir la función clave de la Ley Micaela.
La reforma del Ministerio de las Mujeres y las modificaciones a la “Ley Micaela” y la “Ley de Mil Días” representan un retroceso en políticas de género. Las acciones del Gobierno sugieren una perspectiva antiderechos, con una mirada reduccionista que elimina menciones al colectivo LGBTTI+ y se centra únicamente en mujeres y violencia contra ellas. Esto refleja una ideología que ignora las diferencias de género bajo el pretexto de igualdad ante la ley.
La transformación del Ministerio en una Subsecretaría conlleva un recorte presupuestario, lo que implica una menor importancia a la temática de diversidad y promoción de derechos. La nueva Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género se enfoca principalmente en la violencia hacia la mujer, descuidando otros aspectos de diversidad y equidad.
Respecto al aborto y la Ley de Mil Días, la ley ómnibus propone cambios significativos, como la introducción de términos como “madre embarazada” e “hijo por nacer”, buscando anular derechos establecidos en leyes anteriores. Esto niega la existencia de identidades de género diversas con capacidad de gestar. Además, la nueva propuesta limita el alcance de políticas integrales de cuidado a situaciones de vulnerabilidad, excluyendo a personas con otras identidades de género.
En cuanto a la Ley Micaela, las modificaciones propuestas por el gobierno alteran su esencia, limitando la capacitación obligatoria en género y violencia de género a ciertos organismos, y omitiendo la mención del género en su conjunto. Esto representa un retroceso significativo en las políticas públicas de género y una amenaza a la concepción sólida de dichas políticas.
Finalmente, la reforma planteada no solo pone en peligro los avances en materia de derechos humanos, sino que también omite mencionar el futuro del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) y la línea gratuita 144 de asesoramiento a víctimas por motivo de género. Se entiende que la gestión se articulará entre el municipio, la provincia y la nación, pero queda en duda el impacto real de estas reformas en la protección y el empoderamiento de mujeres y diversidades.
