“Las mujeres que denuncian violencia nunca vienen porque es la primera vez”, aseguraron los y las integrantes de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica. Durante los primeros diez meses del año, solo en asuntos de violencia doméstica, el organismo atendió medio millar de casos.
La OMyVD depende del Superior Tribunal de Justicia y comenzó a funcionar en agosto 2016. A partir de ese momento, su actividad fue creciendo sin pausas. Hoy, solamente en cuestiones de violencia doméstica, más de quinientas situaciones fueron atendidas desde enero hasta octubre.
¿Cuáles son sus funciones? Recibir los relatos de las víctimas, informales, qué pasos legales pueden dar, eventualmente derivarlas y efectuar un seguimiento de esos casos. Para ello la Oficina cuenta con once personas y tiene conformados dos equipos interdisciplinarios con psicólogos/as, trabajadores/as sociales y abogados/as.
“Desde que se abrió quintuplicamos las intervenciones. Es un organismo que se conoce, que está instalado y que, si bien recepciona cuestiones de violencia doméstica, también se vincula con problemáticas derivadas de esas mismas situaciones, como niñez y adolescencia, adultos mayores, adicciones, etc.”, señaló Marién Cazenave, la responsable del área en coincidencia con que el sábado fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer,
Esas palabras quedan demostradas en que la mitad de esas intervenciones se dieron a partir de presentaciones espontáneas de las víctimas, en forma presencial o telefónica. La otra mitad fueron por derivaciones de defensorías, fiscalías, juzgados u organismos extrajudiciales.
“Este año el 98 por ciento de las víctimas fueron mujeres, en su mayoría situadas en la franja etaria de 30 a 50 años y con niñas, niños y adolescentes a cargo –agregó la secretaria–. Un dato interesante es que una gran cantidad de agresores son hombres que se desempeñan en las fuerzas de seguridad (policías, gendarmes, militares, seguridad privada) y que portan armas”.
¿Qué tipo de violencia prevalece? “La psicológica, verbal y económica porque de la física se ocupa la justicia penal”, indicaron desde la Oficina. “Al momento de evaluar la historicidad del vínculo violento que la persona denunciante, desde los equipos observamos que existe una sistematicidad y reiteración por lo que, en general, nunca es la primera vez la que motiva la presentación. Siempre hubieron episodios previos”, acotaron.
Monitoreo y proyectos.
El vínculo cotidiano de la Oficina es multifuero, aunque con prevalencia del fuero de familia: “La ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, habilita a todos los juzgados del fuero a dictar medidas de protección, pero en la práctica se trabaja generalmente con los juzgados de familia”, explicó Cazenave.
“Actualmente estamos monitoreando las 110 restricciones vigentes de casos atendidos por la Oficina. Lo novedoso es que los jueces y juezas no solo dictan prohibiciones de acercamiento o contacto en el mundo analógico, sino que lo extienden al digital, esto ocurre a partir de la reciente sanción de la Ley Olimpia (que incorporó la violencia digital), por lo que entre las nuevas medidas de protección encontramos prohibiciones tales como la de divulgar material íntimo por medios virtuales y el hostigamiento por redes sociales, entre otras”, subrayó.
Un tema propio de la Justicia es la implementación, desde hace dos años, del Protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial. “Recibimos casi 30 denuncias, de toda la provincia, en este tiempo. Creemos que es un número significativo”, indicaron.
En materia de proyectos sobresale el de empezar a trabajar en forma conjunta con los centros de salud más importantes de Santa Rosa, como los hospitales Molas, Favaloro y Evita. “La idea es que la Oficina tenga un espacio allí para poder informar, atender y aconsejar a médicos, enfermeros y al personal en general. Sería como un polo de acceso a la justicia que nos acercaría mucho más a la comunidad”, resaltaron.
Por último, Cazenave adelantó que en 2024 la capacitación en la Ley Micaela –obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para quienes trabajan en el Estado– volverá a dictarse de manera presencial para el personal judicial. Además, a partir del convenio de colaboración del STJ con el Banco de La Pampa, la OMyVD se encuentra a cargo de esas capacitaciones para funcionarios/as y empleados/as de dicha institución.
En la Oficina se desempeña, además de Cazenave, Mariela Méndez, Belén Naval, Mercedes Andreotti, Silvia Malsam, Teresa Gatti, Victoria Miquelarena, Romina Olguín, Ana Cora, Julieta Barontini, Mariano Tojo y Victoria Santesteban. Además colaboran externamente Magdalena Calderon, Mariana Mercado y Martín Telleriarte (como psiquiatra forense para abordar la salud mental).
La Oficina funciona en el primer piso del fuero penal del Centro Judicial de Santa Rosa, ubicado en avenida Uruguay 1097. Los teléfonos de contacto son 02954-451998 y 597085, el correo electrónico [email protected] y el Instagram omyovd_lapampa .
