En la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados de este año, el gobernador anunció el envío del proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública que se está tratando en comisiones y durante estos días, el ministro de Modernización y la subsecretaria del ministerio, Carmen Sierra, fueron convocados a explicarla, que se espera sea aprobada antes que culminen las sesiones. La funcionaria pasó por los micrófonos de InfoPico Radio 99.9 y adelantó detalles de la ley.
La provincia de La Pampa es una de las cuatro provincias que aún no tiene la ley, pero en este momento se está tratando y se espera que antes de fin de año se pueda aprobar. La funcionaria contó que “esta semana nos convocaron, tanto al ministro Antonio Curciarello como a mí, a dar explicaciones dentro de las comisiones que están tratando el proyecto de ley que tiene que ver con la regulación, en el ámbito de la provincia, que tiene la ciudadanía al derecho a la información, partiendo del principio de que la información que tiene el estado es pública”.
Técnicamente, “lo que regula esta ley son los dos aspectos de la transparencia: la pasiva y la activa. La transparencia pasiva, que es la que alcanza a los ciudadanos, es poder solicitar toda la información que está disponible en el Estado, no solo en la parte periodística, sino en materia de investigación, de estudio, etc; una vez que el proyecto se sancione, debemos comenzar a trabajar con el formato de datos abiertos de las distintas áreas del gobierno para poder brindar la información de manera transparente”.
Sobre la forma de instrumentación, una vez que se apruebe y promulgue la ley, la subsecretaria detalló que “el ideal sería que el Estado cuente con toda su información publicada y la gente no necesite pedirla, pero es bastante difícil porque hay que procesar toda la información y publicarla, pero en lo que es transparencia activa, el Estado va a actuar de oficio sin que la ciudadanía pida la información y cuando no esté en formato on line, la idea es que se regule el procedimiento donde existen plazos para contestar y ante rechazos, como datos reservados o personales, la persona puede seguir las instancias recursivas”.
“La ley es muy detallista y explica todos los requisitos que deben tener las solicitudes; después que se apruebe, vendrá la parte reglamentaria donde vamos a regular los aspectos más formales de la presentación de la información”, sostuvo la funcionaria, que aclaró que “una particularidad de este derecho, es que no requiere tener una legitimación: cualquier persona puede pedir información”.
La funcionaria explicó que “para elaborar este proyecto, tuvimos en cuenta las 21 leyes provinciales que ya existen en el país, la ley nacional, un modelo de ley Interamericana y un informe del Banco Mundial. Previmos un órgano garante, que propusimos que sea la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que será el lugar donde el ciudadano recurrirá ante la negativa de alguna información, de forma gratuita, sin la necesidad de un patrocinio letrado”.
-¿Cómo se prepara el Estado provincial para hacer pública la información?
-Sabemos que existe una resistencia inevitable a lo nuevo, como en cualquier organización, pero los procesos más importantes son los de capacitar y sensibilizar en forma interna. La ley prevé que se designe por cada ministerio o secretaría, un referente de acceso a la información: vamos a tener que hacer un trabajo fundamental con esos referentes en capacitación para que sepan como canalizar las solicitudes de acceso a la información. La información se brinda en el formato en el que está. Esta ley no implica que se tenga que elaborar un informe.
