Mónica Molina es la actual coordinadora del programa de Género, Mujer y Diversidades de la UNLPam, pero tiene una extensa trayectoria en la lucha contra la trata, como comunicadora social, como funcionaria en el municipio de Santa Rosa y como docente.
En InfoPico Radio 99.9 dialogamos con Mónica y realizamos un recorrido sobre su rol protagónico en la prohibición de las famosas “wiskerías” en la provincia y de su lucha constante por este tipo de delitos.
Molina fue funcionaria municipal en el período del ex intendente Francisco Torroba en Santa Rosa y realizó un trabajo fundamental en la lucha contra la trata y la explotación sexual. También fue docente durante muchos años de la UNLPam, ahora está jubilada, y actualmente coordina un programa en la Universidad.
En una charla con InfoPico dialogamos sobre el tema de la trata, explotación en la actualidad, pero también de cómo fueron los años en los que fue funcionaria y trabajó incansablemente para erradicar los prostíbulos, época en la que fue incluso amenazada de muerte.
Mónica habló de dos hechos paradigmáticos en la provincia sobre esta temática: “uno, que hoy está nuevamente sobre la mesa, es la desaparición y femicidio de Andrea López; y el otro es el cierre de los cabarets o ´wiskerías´ que eran en realidad prostíbulos encubiertos, que están prohibidos en nuestro país desde el año 1937. Desde ese momento (2009) hasta la fecha, creo que hubo un punto que no permitió que se retornara a esa situación; esto no significa que, lamentablemente, haya desaparecido la prostitución y la trata de personas en términos generales en el país, pero La Pampa, y en particular Santa Rosa, fue un punto de referencia para decir que esto no podía estar más avalado por el Estado: fue un salto cultural cualitativo importante”, sostuvo la especialista.
Con respecto a las políticas públicas, “es un aspecto complicado porque para aplicar políticas públicas, primero implica entender que esto es un problema y que las políticas requieren de vocación de mucha decisión política y no importa quién gobierne circunstancialmente un municipio o una provincia, esas políticas deben continuar, ya que existe una legislación vigente en nuestro país y los distintos tratados internacionales”.
La licenciada en Comunicación Social recordó cómo se llegó a la ordenanza de prohibición de los prostíbulos: “yo venía de hacer la revista Urbanas en Red y en la ciudad de Santa Rosa habían desaparecido en el 2007 dos adolescentes, que luego las encontraron rumbo a Villegas: esto significaba que habían pasado por distintos prostíbulos. Como periodista lo empecé a poner en la agenda del medio que dirigía y le planteo a concejalas y concejales de la ciudad, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la revisión de la ordenanza y así empezó el expediente que luego se transformó en la sanción de la ordenanza. Fui convocada por la intendencia de Francisco Torroba para asumir como subsecretaria de Políticas de Género y tomé este tema como una bandera; recorrí el área donde habilitaban los prostíbulos y le dije al intendente, literalmente, ´estamos teniendo un municipio proxeneta´. Porque a través de una ordenanza del 2004 estaba legitimando y dando legalidad a lo que estaba prohibido en el país: se entregaban libretas sanitarias de dos clases, una de ellas destinadas a mujeres que eran explotadas sexualmente en los prostíbulos llamadas ´alternadoras´. Les solicitaban todo tipo de certificados vinculados a su salud sexual y reproductiva”, reveló Mónica y continuó su relato, “entender esto no fue algo fácil: los funcionarios del Ejecutivo lo entendieron rápidamente y se dieron cuenta de que era una situación muy grave a la que el municipio le estaba dando legalidad; las y los concejales no lo entendieron muy fácilmente, sobre todos los oficialistas. Solo la concejala Alicia Iribarren lo entendió y juntas trabajamos en la ordenanza, con todo el aval del Ejecutivo”.
“Los dueños de los prostíbulos recorrían las oficinas de concejales para convencerlos de que no votar la ordenanza nueva, pero afortunadamente, en una última reunión con funcionarios y concejales, se les volvió a explicar todas las circunstancias de porque no podían estar habilitados (hasta los inspectores hacían la vista gorda porque no existía la ordenanza). Era muy grave lo que pasaba y el intendente (Francisco Torroba) les dijo ´este intendente no quiere explotación sexual ni prostitución infantil en la ciudad y la ordenanza tiene que salir´, pero llevó su tiempo”, detalló Mónica.
Ante la pregunta de si en algún momento tuvo miedo, la especialista manifestó que “cuando se denuncia la conexión La Pampa-Formosa del prostíbulo privado vip que estaba en la Circunvalación en Santa Rosa, fue detenida toda la banda y en el 2009, como todavía no se había avanzado tanto en materia de juicios por trata de personas, pagaron y levantaron el juicio. La dueña del prostíbulo quiso verme, pero le mandé a decir que de ninguna manera iba a atender delincuentes. Se hizo una investigación y en ese lugar se descubrió que había una adolescente de 17 años explotada sexualmente, que hacía 15 días había tenido su tercera cesárea: esa es la magnitud de lo que ocurre en estos lugares. Producto de esa situación, fui amenazada de muerte y era algo que me imaginaba que podía suceder”.
Mónica se refirió nuevamente a la actualidad en la provincia y dijo que “creo que se sostiene la postura abolicionista y de respeto la legislación en términos al menos discursivos. Lo más difícil es la implementación de las políticas, porque este tipo de temáticas complejas, que requieren una interpelación muy fuerte a la sociedad y a los poderes del Estado, requiere que continuamente se estén llevando acciones. Hoy por hoy, esas acciones no son visibles, al menos; no digo que no se estén llevando a cabo, pero no se ven”.
“Los delincuentes siempre van corriendo sus fronteras respecto a este tema, porque es mucho el dinero que ´pierden´ y no veo que se esté trabajando en ese tema, como tampoco en campañas sistemáticas de visibilización de la temática”, subrayó.
