El conflicto interprovincial por la distribución y uso del agua del río Atuel entre las provincias de Mendoza y La Pampa sigue sin resolverse, lo que genera creciente descontento en esta última. Romina Schmit, representante de La Pampa, denunció recientemente la falta de cumplimiento de Mendoza con una sentencia que establecía un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo.
Schmit expresó su frustración sobre los intentos legales y las solicitudes de medidas cautelares y audiencias, que no han sido respondidas favorablemente por la Corte Suprema. El equipo legal de La Pampa ha solicitado a los jueces que visiten personalmente la región afectada para que puedan comprender mejor la gravedad de la situación y tomar una decisión informada.
Además, la entrevistada puso de manifiesto la gravedad de la situación medioambiental de la región. Se describió un panorama desolador en el cauce seco del Atuel y se señaló que la degradación ambiental en la región es cada vez mayor. Este hecho tiene un impacto directo y negativo en la calidad de vida de los habitantes locales, y de manera indirecta, afecta a toda Argentina.
El caso se encuentra en un estancamiento desde hace tres años, cuando la Corte Suprema dictaminó por última vez sobre el asunto. La demora en emitir una nueva resolución ha despertado sospechas de que las razones políticas pueden estar influyendo en la falta de acción. Sin embargo, Schmit se abstuvo de proporcionar una explicación definitiva para la demora.
Las repercusiones de este conflicto del río Atuel trascienden el ámbito local, afectando no sólo a las personas que viven en la región, sino también a la conservación y gestión de las especies del ecosistema en general.
Este es un tema que requiere urgente atención, y la resolución del conflicto podría tener un gran impacto en el futuro medioambiental y socioeconómico de estas provincias y de toda Argentina.
