Se propone una modificación al artículo 142 del Código Procesal Federal en Argentina, que permitiría el allanamiento sin orden judicial en casos de sospecha fundada de que se está ejerciendo violencia en el marco de una relación familiar, de convivencia, de pareja o de cuidado, y exista peligro inminente para la vida o integridad física de la persona afectada.
También se propone agregar una frase para dejar constancia precisa de la existencia de alguna de las causales de excepción en el acta. La modificación procura mejorar la protección del derecho constitucional a la privacidad, agregando el requisito de precisión a la hora de enunciar las causas de urgencia que motivaron a la autoridad pública a proceder sin la autorización judicial previa.
El allanamiento es una medida procesal relacionada con el domicilio de una persona y, aunque la Constitución Nacional establece que el domicilio es inviolable, las normas de procedimiento habilitan excepcionalmente el allanamiento y ocupación del domicilio. En principio, solo los jueces están habilitados para ordenar el ingreso de la autoridad a un domicilio mediante orden motivada. Sin embargo, existen supuestos que permiten que las fuerzas preventoras ingresen a una morada cuando existen sospechas fundadas de la comisión de un delito y razones de extrema urgencia que hacen imposible recabar la orden judicial sin frustrar el cumplimiento de la medida.
El presente proyecto pretende dotar a la autoridad pública de un instrumento que facilite su intervención eficaz a la hora de evitar la consumación de delitos que, según la experiencia corriente, ocurren regularmente en ámbitos privados como consecuencia de la relación previa entre victimario y víctima. Los incisos del artículo 80 del Código Penal que se mencionan en el texto del proyecto amplían el alcance de la norma a diversos supuestos.
En conclusión, la modificación al artículo 142 del Código Procesal Federal busca proteger la integridad física y la vida de las personas, permitiendo a la autoridad pública intervenir sin orden judicial en casos de sospecha fundada de violencia en el ámbito familiar, de convivencia, de pareja o de cuidado, siempre que exista peligro inminente para la vida o la integridad física de la persona afectada. La inclusión de una frase para dejar constancia precisa de la existencia de alguna de las causales de excepción en el acta procura mejorar la protección del derecho constitucional a la privacidad.
