El subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fasce, indicó que está en pleno desarrollo la reparación de los legajos a las trabajadoras y los trabajadores que fueron prescindidos de la administración pública durante la dictadura cívico-militar.
Actualmente, todas las reparticiones públicas donde se produjeron casos ya están informadas y se están realizando los cambios en los legajos personales y se sumarán más nombres al listado oficial de casos antes no contemplados.
Fasce indicó que “estamos en pleno desarrollo de la reparación de los legajos de las personas que sufrieron desplazamientos arbitrarios durante la dictadura en La Pampa y prácticamente todas las oficinas públicas ya están anoticiadas del decreto y cumpliendo con ese tipo de reparación que dispone el decreto 407/22 del gobernador Sergio Ziliotto”.
El funcionario precisó: “a partir de la difusión del Decreto nos contactaron víctimas de desplazamientos arbitrarios que no estaban incorporadas al listado oficializado. Ya están aportando documentación que avalan esa persecución. Esto es muy positivo porque seguimos sumando información para tener al listado lo más completo posible”.
El listado oficial que acompañó el decreto 407 determinó que hubo al menos 531 personas que trabajaban para el Estado provincial, municipal y nacional que fueron perseguidas durante los años de la dictadura y exoneradas de sus puestos por razones gremiales o ideológicas, invocando falsamente la causal de “abandono de tareas”.
“A partir del dictado del Decreto del Gobernador y cumpliendo con las indicaciones dadas que aluden a darle una mayor difusión y comunicación, nosotros nos pusimos en contacto con todas las Municipalidades y Comisiones de Fomento en las que se tenga registro de la existencia de algún trabajador o trabajadora desplazados, para que dispusieran el dictado de ordenanzas adhiriendo al Decreto provincial y se proceda a reparar el legajo como se hizo en la administración pública provincial”, dijo Fasce.
“También se procedió a informar al Entre Provincial del Río Colorado, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Diputados, al Banco Nación, al Banco de La Pampa y otras reparticiones públicas y privadas con participación estatal mayoritaria en las que teníamos identificados trabajadores y trabajadores que habían sufrido este tipo de desplazamientos arbitrarios”, expresó.
Fasce explicó que en las reparaciones en los legajos se aplicaron distintas modalidades según cada repartición. “En todas se desarchiva el legajo y se le agrega la constancia en la que se repara el legajo existente”, expresó.
“En alguna repartición se le hizo al legajo un agregado de una nota dando cuenta que el desplazamiento no se correspondía con la realidad histórica y planteando el saneamiento y se acompañó con el Decreto. En otras, como en el EPRC, se hizo un acto administrativo por parte de la presidencia haciendo referencia al Decreto. El Poder Judicial tuvo un tratamiento parecido. En todos se dejó asentada la verdadera causa del desplazamiento y se reescribió la historia como verdaderamente sucedió”, indicó el subsecretario.
