La marcha que tiene como pedido la «democratización de la justicia» y pone en el centro de los cuestionamientos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llevó a cabo en Santa Rosa, desde las 19 horas en la Plaza San Martín.
En repudio al desempeño de la Corte Suprema de Justicia y sus miembros, la impunidad y el fin del «lawfare» o persecución judicial con fines políticos, organizaciones sociales, partidarias, sindicales, y dirigentes del oficialismo participaron este martes de la marcha en todo el país.
En Santa Rosa se leyó un documento titulado “La Pampa no es una isla. Marchamos porque con esta Corte y jueces corruptos no hay justicia ni democracia”
El documento dice:
Hoy las organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto al Pueblo nos autoconvocamos para apoyar la Marcha Nacional en repudio de la actual CORTE de INJUSTICIA NACIONAL, reclamando la renuncia ya, de sus miembros totalmente deslegitimados.
Estos cortesanos han demostrado que no se ajustan al rol que la Constitución Nacional les ha adjudicado y que se hallan colonizados al servicio de la dominación de los poderes fácticos locales y del capital financiero internacional, desconociendo la entidad soberana del Estado. Porque en sus fallos, han resuelto la impunidad para los genocidas y los delincuentes que tomaron la deuda externa, han consentido por acción u omisión, la persecución de quienes luchan por los derechos populares, aplicando el lawfare y aceptando la llamada doctrina Irurzun, por la cual toda persona arbitrariamente detenida se la considera culpable hasta que demuestra lo contrario, invirtiendo el mandato contrario del art.18 de la Constitución Nacional, de la cual es víctima propiciatoria Milagro Sala y cuatro decenas de presos políticos en Causas que la Corte tiene cajoneadas y no las resuelve.
Como tampoco decide el reclamo Pampeano para obligar a Mendoza a cumplir con la escorrentia del Atuel de 3,2 mts. cúbicos por segundo como caudal mínimo ecológico, ni aplica las leyes que garantizan el acceso a la justicia a Mujeres y Diversidades y desconoce la vigencia de la Ley Micaela, la que se niega a cumplir.
En la Pampa, nos sumamos a ese repudio, pero no concluye con ese clamor ciudadano, sino que se traduce en una demanda popular de una inmediata Reforma Judicial integral que termine con los privilegios de jueces y funcionarios como tener cargos por tiempo Indefinido, el no pago del impuesto a las ganancias, o sea que tenga como eje central la democratización o el Poder Judicial, hoy la Institución del Estado más desprestigiada.
Esta reforma deberá incluir la recomposición del Consejo de la Magistratura, como lo determinará el Gobierno Nacional elegido mayoritariamente en 2019, en un proceso de sucesivas renovaciones democráticas hasta que no quede ni un sola lugar que sea cloaca o sótano de la república.
Es de toda evidencia que hubo un plan sistemático, clandestino y criminal para defender intereses inescrupulosos, dispuesto por las máximas autoridades políticas que gobernaron el país durante la gestión de Cambiemos, operando con Mesas Judiciales en el Estado Nacional y en algunas Provincias en connivencia con espías Agentes de la AFI y los de los medios de prensa hegemónicos.
Así, como una mafia delincuencial, ocuparon el Poder Judicial federal y la Procuración General, decidió actuar en contra de los intereses mayoritarios del pueblo de la Nación, eliminando o flexibilizando los derechos laborales, violando todas las garantías constitucionales en sentencias fundadas más en los prevaricatos que en el derecho.
Fotos y Fuente: Plan B Noticias
