Con una jornada extensa, donde se escucharon las declaraciones de ocho testigos, continuó hoy el juicio oral y remoto contra Ángel Patricio Molina, por el homicidio culposo agravado del joven Adán Misael Serraino Zinki , ocurrido en 25 de Mayo.
El siniestro vial se produjo el 1 de noviembre a la madrugada, en una calle de tierra, cuando el imputado perdió el control de su vehículo, un Fiat Uno, y atropelló a Serraino, de 16 años, quien falleció en el acto, y a Miguel Andrade, quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo. Por ello, Molina, de 43 años, está acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo y lesiones leves.
Uno de los testigos más importantes del día fue el del perito policial, Pablo Daniel Fuentes, que fue quien redactó el informe técnico. Él afirmó que Molina perdió el control direccional del Fiat Uno porque iba a exceso de velocidad. Para ello se basó en los rastros de derrape que quedaron marcados en la calle. Y agregó, a los fines de encontrar la causa del siniestro, que no había rastros de otros vehículos.
Por su parte, el bioquímico forense Juan Carlos Cremona ratificó su informe y reiteró que la muestra extraída al imputado dio que tenía dos gramos de alcohol por litro de sangre; mientras que la médica forense, Marlene Arratea Sánchez, confirmó que Serraino murió por un traumatismo cráneo encefálico y hemorragia cerebral.
El hermano mayor de la víctima, Rubén Serraino Zinki, al ser consultado si había observado el siniestro, respondió que no; sino que llegó al lugar cuando el imputado ya había sido derivado al hospital. Una mujer, que caminaba circunstancialmente junto a una amiga, indicó que observaron dos automotores, a larga distancia, que circulaban a velocidad alta y también una polvareda.
Los otros tres testigos no aportaron datos relevantes; entre ellos un policía que se limitó a explicar que acompañó a Fuentes hasta 25 de Mayo para colaborar con él.
Este es el segundo juicio que se realiza por el mismo hecho, ya que en un momento la causa fue declarada prescripta, pero luego esa resolución quedó revocada. El anterior concluyó con una condena contra Molina a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir vehículos, la máxima sanción que el Código Penal preveía en esa época.
Un detalle importante es que el siniestro será juzgado en este proceso de acuerdo al texto anterior del artículo 84 del Código Penal, por la fecha en que se produjo. ¿Qué decía? Que “será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales”.
El nuevo texto (artículo 84 bis), que entró en vigencia a principios de 2017, incorporó como agravantes el exceso de alcohol en sangre y la velocidad en más de 30 kilómetros por sobre la permitida, entre otros; pero ellos no podrán ser tenidos en cuenta –justamente como agravantes– al momento de la sentencia. También para esos casos subió los mínimos y máximos a tres y seis años, respectivamente.
El juicio se está desarrollando vía Zoom y está al frente el juez Gabriel Tedín. Las partes intervinientes son el fiscal general Jorge Amado; la defensora oficial María Antonella Marchisio; y el apoderado Sergio Sánchez Alustiza, en nombre del querellante particular, Rubén Ricardo Serraino, padre de la víctima.
