El pedido de abogados y ambientalistas respecto de paralizar la obra de Portezuelo del Viento se vio frustrado ya que el fiscal de Estado, Fernando Simón, indicó que “no encontró fundamentos” para dar por fracasada la licitación, que tendrá una inversión de U$S 1.023 millones.
De esta manera, la decisión sobre la continuidad del proyecto queda en mano del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez.
Tras el dictamen legal emitido este viernes, Simón concluye que el proceso licitatorio no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, por lo que la Fiscalía de Estado no encuentra “atribución ni motivación suficiente para recomendar que se declare su fracaso”. No obstante, puso condicionamientos para que se proteja el patrimonio provincial ante futuros imprevistos.
Es por eso que, esta mañana, el gobernador Sergio Ziliotto utilizó sus redes sociales para plantear: “¿Podíamos esperar otra decisión de Mendoza?”.
En ese sentido, el mandatario pampeano advirtió que “ni el rechazo de cuatro provincias ni la angustiante crisis hídrica los detiene”. Allí sostuvo que Portezuelo es “una obra ambiental y económicamente inviable”.
Finalmente, expresó que “seguiremos firmes para defender nuestro patrimonio. Ya nos robaron el Atuel, ¡no nos robarán el Colorado!”.
Detalles
Los abogados Alejandro Pérez Hualde, Miguel Escorihuela y Aldo Guarino Arias habían pedido que la licitación no quedara sin efecto debido a que la mega obra de Portezuelo ocasionaba un perjuicio patrimonial a Mendoza.
Los argumentos cuestionaban, por un lado, la legalidad de la licitación debido a que había un solo oferente, a lo que Simón consideró que este hecho no justifica un fracaso de la licitación.
El segundo argumento planteaba que la obra iba a afectar el caudal del río Grande. Sobre este punto, el Fiscal de Estado dijo que si bien “resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre”, ponderó la simulación de llenado que hizo Emesa que demostró que el embalse podría llenarse en cuatro años y comenzar a generar energía en un año después del cierre.
El último argumento refiere a los reclamos de las provincias limítrofes respecto al COIRCO y la afectación a sus cuencas, como así también a los procesos iniciados en la Corte Suprema. Sobre este tema, Simón dijo que este tipo de reclamos pueden darse en torno a cualquier obra hidroeléctrica, por lo que no justifica frenar el proceso. No obstante, dejó en claro que el Gobierno Nacional o el Poder Judicial, en el marco del COIRCO, puedan obstaculizar el avance.
