Brenda Anita Coronel Lallana, la mujer de 25 años que fue detenida porque estaría involucrada en el asalto a la empresa Tecnohouse, fue formalizada en orden a la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma –cuchillo–, en calidad de participe secundaria.
La resolución fue dispuesta por la jueza de control santarroseña, María Florencia Maza, a pedido de la fiscala Leticia Pordomingo, durante la audiencia de formalización organizada por la Oficina Judicial vía Zoom. Además le dictó la prisión preventiva por 30 días.
De este modo, ya son dos las personas formalizadas, y puestas bajo investigación por ese hecho, ya que previamente ocurrió lo mismo con Alfredo Ezequiel Álvarez, aunque él como autor del robo y con preventiva por 90 días.
Mientras tanto, se sigue buscando a otro hombre que habría actuado junto a Álvarez en el asalto ocurrido el martes de la semana pasada. Ambos habrían ingresado al comercio, ubicado en Alvear y Tomas Mason, para robar 500.000 pesos, 300 dólares, tres cheques de distintos montos, una notebook y un celular, y amenazar a una mujer poniéndole un cuchillo en la espalda para que les diera todo lo que había en el lugar.
Maza, además de formalizar y disponer la prisión preventiva de Coronel Lallana, también hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para abrirle el celular que se le secuestró y constatar si existen mensajes, audios y/o videos que tengan relación con la preparación del asalto, conversaciones posteriores o el destino de los bienes sustraídos.
Con respecto a la prisión preventiva, Pordomingo requirió que sea por 90 días; mientras que la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez –en representación de la ayudante terapeútica– se opuso y, en todo caso, solicitó que permanezca en la casa de su madre, con arresto domiciliario con control de tobillera electrónica, y por menos tiempo.
La jueza, al fundamentar los 30 días, señaló que “la única manera de garantizar, al menos por el momento y hasta tanto se cuente con el informe de la División y Análisis de las Telecomunicaciones (DAT) sobre la apertura del teléfono (…), y evitar cualquier circunstancia de entorpecimiento de la investigación” era con el mantenimiento de la prisión preventiva.
Consideró ese plazo “más que suficiente” para que la fiscalía “realice todas las actividades y acciones tendientes a dar con el paradero” del supuesto cómplice de Álvarez y “establecer dónde pueden encontrarse los objetos que aún faltan secuestrarse y para que se proceda a la apertura del celular”.
