Mientras se buscan más damnificados, analizan agravar los cargos a asociación ilícita. Radiografía del accionar de la supuesta banda delictiva desbaratada por la Justicia y la Policía.
Alojadas en celdas e imputadas por supuestas estafas reiteradas y falsificación de documentos privados, continúan detenidas las dos bioquímicas acusadas de haber montado una “organización criminal” que presuntamente engañaba a incautos y a incautas con la realización de tests para la detección de coronavirus, en la ciudad de Córdoba. Esas pruebas PCR se cobraban, según la Justicia, entre 6.000 y 11.000 pesos, según “la cara” del cliente”.
Para la Justicia hay cinco damnificados, pero la cantidad podría trepar a medio centenar, o más.
En paralelo, hay otras tres personas acusadas (y libres, por ahora) de integrar esta supuesta banda.
Lo que no se sabía es que se trata de un bioquímico (que tiene una esposa militar que trabaja en el COE de Río Cuarto) y de un enfermero que trabajaba en el Hospital San Roque, en Córdoba Capital.
Las presuntas maniobras delictivas se habrían cometido durante la segunda mitad de 2020 en Córdoba Capital. Era la época dónde aún la cuarentena impedía las actividades y los viajes, entre otras cuestiones.
Según la causa, las bioquímicas iban a domicilio para realizar exámenes para la detección de Covid.
Las tarifas eran similares a las de centros de salud privados. Algunos de los pacientes eran personas que temían estar contagiadas, o bien debían viajar y tenían que gestionar permisos, o bien buscaban certificados para el trabajo.
Las bioquímicas, según la investigación, entregaban los resultados a las 24 horas (en estos casos, daban negativo). Los resultados eran entregados impresos en certificados falsos de distintos laboratorios, como Gornitz, una firma villamariense que es considerada como damnificada.
Según la fiscalía, los exámenes eran absolutamente falsos, sin que los laboratorios supieran.
El papel (que se enviaba por WhatsApp) tenía teléfonos pixelados o borrados para que no se pudieran leer y nadie pudiera luego llamar.
OTRAS MANIOBRAS
Trascendió, en tanto, que en otros casos las acusadas sí habrían realizado test a través de “contactos” con el Hospital San Roque, sin que las autoridades de esas instituciones supieran. Las muestras eran procesadas en el Laboratorio Central de Córdoba.
Esos estudios son gratis. Pero las acusadas, siempre según la causa, los cobraban, sin que los damnificados supieran la verdad de todo.
“En una oportunidad, perdieron una muestra de un hisopado y, como todo ya había sido cobrado, una de ellas se hisopó”, dijo una fuente.
¿QUIÉNES SON?
Las dos principales acusadas por el fiscal Gustavo Dalma son: las bioquímicas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero.
Fuentes de la causa indicaron a La Voz que Villalón habría sido la “encargada de hisopar y conseguir clientes” y, aprovechando que trabajaba para una automotriz, habría conseguido insumos para testeos.
Paola Lucero habría sido socia de Villalón, trabajaba en el Hospital San Roque y realizaba hisopados con insumos conseguidos presuntamente de manera irregular.
Lucero habría actuado en supuesta complicidad con el enfermero Javier Luján Zapata (el tercer imputado), quien trabaja en ese hospital y habría sido quien ingresaba las muestras en el Laboratorio Central.
La cuarta acusada es Florencia Galetto, novia de Villalón. Habría sido quien conseguía los certificados y los editaba. Su padre, Rodolfo Adrián Galetto, es bioquímico y preside un laboratorio en Río Cuarto.
Está sospechado de tener un rol clave en las maniobras.
Los pesquisas de Delitos Económicos de la Policía continúan con el arduo trabajo investigativo. Las posturas defensivas aún no se conocen.
Fuente: lavoz.com.ar
