El juez de audiencia de juicio de General Pico Federico Pellegrino condenó a un hombre de 32 años como autor material y penalmente responsable de los delitos de “lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja y amenazas simples en concurso real”; a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.
Además le impuso como reglas de conducta a cumplir por el término de dos años: fijar domicilio, y en caso de modificarlo avisar previamente al juez de ejecución penal o fiscal, y someterse control del ente de políticas socializadoras. Prohibición de acercamiento, comunicación y contacto, por cualquier medio, para con la damnificada –su ex pareja- . Realizar un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia por parte de profesional idóneo en la materia.
El juicio se desarrolló el día 18 de marzo pasado con la actuación unipersonal del juez Pellegrino, la intervención de la fiscal Ivana Hernández y el defensor oficial Alejandro Piñeiro.
Hechos
Con las pruebas aportadas en el debate, el juez dio por probado que días previos a la denuncia formulada por la damnificada –el 2 de marzo de 2020- el imputado la amenazó en forma reiterada mediante el envío de mensajes de texto, donde le advertía que si lo denunciaba iba a tomar represalias y que la mataría.
Asimismo, al momento de la denuncia, también puso en conocimiento que un tiempo antes, -diciembre de 2019-, la había agredido mediante la aplicación de un golpe de puño, sobre su rostro, causándole una herida que requirió tres puntos de sutura. Fue asistida en el hospital de la localidad donde manifestó que se había golpeado con un hierro, para no formular denuncia.
En oportunidad de la realización de los alegatos de clausura, la fiscal solicitó se condene al imputado a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta. Por su parte el defensor fiscal solicitó la absolución.
Por último el juez hizo referencia a lo manifestado por la denunciante y la fiscal durante el juicio, en cuanto al trato recibido por un oficial de policía que no recibía las denuncias de la víctima, solo accediendo a recepcionar exposiciones.
El juez agregó que “ es necesario expresar que hemos avanzado en la internalización de políticas de género, pero lo mencionado, es la muestra evidente que aún resta un largo camino por recorrer, resultando prioritario la incorporación de perspectiva de género en los operadores que se hallan en contacto directo con las damnificadas y constituyen el primer conocimiento de la situación de violencia, debiendo centrar esfuerzos en su capacitación a fin de que asimilen la gravedad de las situaciones y sus posibles e irremediables consecuencias”.
Y agregó que “la damnificada necesita poder poner fin a su situación, una vez lograda la voluntad de denunciar, es preciso que obtenga una respuesta rápida, contundente y que garantice una solución a su problemática. El conocimiento de la Sra. Fiscal de la situación planteada, garantiza las acciones pertinentes a fin de evitar la reiteración de situaciones como las descriptas”.
Respecto a la pena a imponer, el juez consideró la consistencia de los delitos imputados, la carencia de antecedentes condenatorios del imputado y las penas mínimas establecidas para estos delitos y estimó “ que la aplicación de una pena de seis meses de prisión, de ejecución condicional, más aplicación de reglas de conducta, por un periodo de dos años, resulta ser una condena justa, racional y proporcional”.
