En marzo del 2019 la fiscal Juliana Companys pidió la detención de Ignacio Aldeco por violencia de género contra su pareja Liliana Stefanatto, en Córdoba. Pero una jueza lo dejó en libertad. El 1 de febrero él la asesinó de un golpe. Una investigación de la UFEM revela que sin Marchas la justicia tarda más y es más ineficiente en las sentencias de femicidios.
En marzo del 2019 él la golpeó y ella lo denunció por lesiones. La fiscalía pidió que permanezca preso hasta el juicio. La jueza dijo que no tenía que estar preso porque no era peligroso. Ahora ella está muerta y él está detenido. La justicia es un fracaso. No hay justicia. Hay una muerta más por femicidio en Argentina.
Liliana Stefanatto fue asesinada el 1 de febrero, en Santa Fe al 500, Villa María, Córdoba. Ignacio Aldeco tenía que ir a juicio por golpear a Liliana. El juicio no llegó. La justicia consideró que tenía que esperarlo libre porque no mostraba peligrosidad para obstaculizar el proceso, ni tenía intención de fugarse. No se fugó. No interrumpió el proceso. Le volvió a pegar con un elemento contundente en la cabeza y esta vez no la lesionó, la mató.
El femicidio de Liliana fue el primero en el 2021, en Villa María, pero el quinto en Córdoba. En Argentina ya hubo, al menos, 31 femicidios en lo que va del año, según el monitoreo de La Casa del Encuentro. Solo en este año 6 femicidas se quitaron la vida después de asesinar a una mujer. Eso muestra que el mayor peligro de los femicidas (en relación a otros crímenes) es que los agresores están dispuestos a todo con tal de cometer el asesinato.
La cantidad de suicidios entre los femicidas solo se puede leer con una peligrosidad equivalente a un acto terrorista. Ya que solo están dispuestos a quitarse la vida con tal de matar quienes se inmolan en un acto terrorista. Un patrón en los estudios de los femicidas es que no les importa ni su propia vida con tal de quitarle la vida a la mujer a la que consideran de su propiedad.
Por lo tanto, la protección judicial a las víctimas debe ser mayor y la interpretación de la peligrosidad de la violencia mucho más alta y con otros parámetros distintos a otras causas. Si la justicia actúa de la misma forma frente a una tentativa de femicidio que a una estafa no va a prevenir los femicidios. No importa si el delincuente no se puede escapar o tener influencias para presionar en la causa. Pero sí importa si es capaz de matar o de repetir la violencia.
El peligro no era que el femicida se vaya, sino que se quede. Pero la justicia muestra, una vez más, como no comprende la raíz de la violencia de género, la diferencia con otros delitos y que no solo no evita sino que es co-responsable de los femicidios. Por eso, es imprescindible que las capacitaciones en género no sean excepcionales o aisladas, sino que lleguen a todo el Poder Judicial.
Liliana tenía 54 años y estaba en pareja desde hacía, aproximadamente, cuatro años con Ignacio Aldeco, de 45 años. En marzo del 2019 la fiscal Juliana Companys dictó la prisión preventiva para Aldeco y pidió la elevación a juicio por esa causa. El proceso en la Cámara del Crimen nunca llego. La muerte sí.
El Juzgado de Control, según una nota publicada en La Voz del Interior, decidió la libertad de quien, finalmente, resulto preso por repetir los golpes contra la mujer. Y, presuntamente, una magistrada resolvió otorgarle la libertad sin darle intervención a un juzgado que se ocupa especialmente de los casos de violencia de género.
La justicia consideró que no era peligroso porque no iba a entorpecer la causa. Ni iba a fugarse antes del juicio. Pero el juicio no se realizó. Llego antes el golpe que la justicia. El caso es gravísimo porque muestra hasta qué grado la justicia es responsable de los femicidios.
Un problema es dilatar los juicios. No son casos que puedan esperar. Las mujeres que denuncian violencia se exponen al peligro de enfrentar a los agresores y si los agresores quieren ser dueños de sus víctimas toman la denuncia como un desafío que suele aumentar los parámetros de la violencia. La expectativa de un juicio puede elevar la agresión. Y, por lo tanto, el Estado debería subir la contención y protección a la denunciante.
En el monitoreo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), entre 56 femicidios cometidos entre 2015 y 2018, se muestra que 4 de cada 10 femicidios no llegaron a juicio. En el caso de las denuncias por lesiones es todavía más importante que el proceso no se dilate. Se trata de salvar la vida de una mujer, no solo de hacer justicia.
La eficacia de la justicia no es siempre igual. El reclamo contra la violencia de género es lo único que puede hacer que la justicia mejore. Si las mujeres protestan la justicia es más eficiente, si las mujeres se callan o no salen a la calle la justicia es ineficiente o, aún peor, responsable de femicidos.
Una muestra de la relación entre protesta feminista y justicia es que, en el 2015, el 52% de los femicidios ya tenían sentencia judicial. Pero después del enorme movimiento social producido por la marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, se logró una mayor tasa de condenas. En el 2016 el 82% de los femicidios contaron con una sentencia en un efecto claro post Ni Una Menos.
En cambio, en el 2017 las sentencias bajaron al 44% de los casos y en el 2018 aún más al 16%. La impunidad bajó cuando la presión social en las calles se hizo sentir y volvió a subir cuando los medios dejaron de atender con la misma atención el reclamo de justicia para los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Las cifras de la UFEM muestran que si el feminismo baja los brazos las mujeres corren más peligro y son más desamparadas por el Poder Judicial.
¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir entre los hechos y la sentencia? En promedio, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2015 y el 2018, se tardaron 21,9 meses entre que una mujer fue asesinada y un tribunal sentenció a quienes eran culpables de su muerte. Pero, en el 2018, se logró bajar la espera a 12,9 meses.
Si en Villa María entre los golpes a Liliana Stefanatto, en marzo del 2019, solo hubieran pasado 13 meses, en abril del 2020 el agresor tendría que haber estado preso. Y probablemente hoy Liliana estaría viva. Si la justicia quiere puede ser más rápida y mejor. ¿Y si no quiere?
En principio, la peligrosidad en el caso de los femicidios no está dada por el temor a una fuga, sino a que se queden y terminen con su cometido: dañar a la víctima a quien consideran objeto de su poder. En Villa María, el asesino no se fugó. Mato a su víctima de un golpe.
La mujer lo había denunciado por lesiones en 2019 y, según declaraciones de la fiscal en medios locales, ella habría vuelto a vivir con él desde hacía 15 días. No se trata solo de no revictimizar a la víctima. También de entender que la justicia tiene que reflejar límites sociales claros a la violencia. Y el Estado amparar a quienes padecen violencia para que puedan correrse del peligro.
El período de luna de miel (cuando él pide perdón, jura que no va a volver a pasar, y ella lo perdona) no es una excepción, sino parte de la trama de la violencia de género por lo que es indispensable que haya acompañamiento psicológico y de grupos de pares para ayudar a las mujeres a salir del círculo de la violencia.
Liliana Beatriz Stefanatto no tenía hijos con Ignacio Emilio Aldeco, pero sí de una relación anterior. Aldeco llamo a la policía y dijo que ella no le contestaba la puerta y pidió ayuda a los vecinos (para simular su inocencia) en una casa situada a pocos metros de la Catedral de Villa María. Quería simular que era ajeno a la situación y le pidió a una vecina que le preste la llave de la casa. Finalmente quedó detenido en el complejo penitenciario N° 5.
La fiscal Juliana Companys aseguró que hay testigos y cámaras de seguridad que demuestran su responsabilidad. “Hay pruebas suficientes para dar por cierto que Aldeco fue quien último vio a esta señora”, dijo la fiscal a los medios locales.
Las organizaciones feministas y disidentes de Villa María piden justicia por Liliana Stefanatto y reclaman: “El Estado y el Poder Judicial no intervinieron a tiempo”. Y proclaman: “Nos negamos a acostumbrarnos a un sistema que sigue ignorando nuestras denuncias, a vivir con miedo. Nos negamos a aceptar esta justicia patriarcal”.
Fuente: infobae.com
