Patricia Aguirre acusó a un familiar por violaciones ocurridas entre 1990 y 1995. Como el delito prescribió por el paso del tiempo, un juez de Lomas de Zamora decidió que se realice un “juicio por la verdad”, algo que se hizo contra los responsables de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura hasta 2004.
Las formas que Patricia Aguirre había encontrado para sobrevivir al infierno interior se derrumbaron a los 32 años. El temblor que tiró abajo la mampostería emocional fue el principio y el final de la vida: el nacimiento de su hija y la muerte de su tía. Hasta ese punto en la línea de tiempo de sus días, ella había podido “normalizarse”: estudió, formó una pareja y quedó embarazada, como tantas otras chicas. Para afuera, para los otros, no había nada que llamara la atención. El caos estuvo dormido en algún lugar de su memoria y de su conciencia hasta que dos años atrás la mujer logró decir algo que tenía atragantado desde los 5 años: “Mi tío abusó sexualmente de mí”.
Aguirre desató una catástrofe en la familia. El acusado la había criado prácticamente como un padre. Casi todos los involucrados en la familia desacreditaron su versión. Patricia se quedó sola, con su compañero, sus padres y nadie más. Entonces fue a la Justicia contra Manuel Romero, plomero y gasista de 62 años, aun cuando sabía que la Justicia podía rechazar su acusación porque se había vencido el plazo previsto para hacer la denuncia (12 años a partir de la mayoría de edad de la víctima).
Sin embargo, su caso podría generar un precedente hasta ahora inédito y cambiar el curso de las cosas. Es que Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, desoyó el pedido de prescriptibilidad del expediente elevado por la defensa del acusado y decidió que la causa siga su curso hacia el juicio contra la víctima bajo el procedimiento de un “juicio por la verdad”. Para el juez, el Estado tiene la obligación de investigar para reparar aunque sea de manera simbólica el delito.
La propuesta de juicio por la verdad está inspirada en la forma que encontró la Justicia argentina para resolver las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el país entre 1994 y 2004, cuando la Suprema Corte definió que estos hechos no tenían fecha de vencimiento jurídica.
Vitale consideró que, como en aquellos años después de la atrocidad cometida por el gobierno militar, es primordial garantizar que las víctimas de atentados a sus derechos fundamentales tengan la posibilidad concreta de conocer los hechos y, con eso, acceder a un proceso que les asegure investigar la verdad. Aunque en ese caso, de llegarse al debate oral y aunque el acusado sea encontrado culpable, no habría pena efectiva.
“Es importante por un proceso individual pero creo que es una lucha colectiva y son voces que tienen que tener la institucionalización de la Justicia. Prescribió la causa, pero es un fin colectivo. El Estado a través de la Justicia tiene que hacer historia”, remarcó Patricia Aguirre, 36 años, a Infobae.
La defensa de Romero apeló el fallo de Vitale. La decisión de continuar hacia el juicio o de garantizar la impunidad -eventualmente- del abusador quedó en manos de los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelación Penal de Lomas de Zamora, Guillermo Rolón, Miguel Navascues y Miguel Alberdi, quienes deberían expedirse en los próximos días.
La causa sobre abuso sexual de niños se inició 2 de julio de 2019. Patricia dejó su testimonio en la fiscalía especializada en abuso sexual: “Me tocaba la vagina, el cuerpo, también me ponía su pene en mi boca y hacía que le toque sus genitales. Me metía en la habitación de él, que compartía con mi tía, o me llevaba a modo de paseo en su camioneta donde yo le practicaba a él sexo oral”.
Los hechos que Patricia denunció ocurrieron entre 1990 y 1995 en la casa familiar del Barrio Gorriti, en Glew, Partido de Almirante Brown. Allí ella vivía con su mamá Mónica y su abuela y en el mismo terreno, al fondo, tenían la casa el acusado, su esposa (hermana de Mónica) y sus hijos. Pero los abusos siguieron cuando Aguirre y su madre se mudaron a San Vicente. “Tengo recuerdos siempre de la habitación de la casa de Manuel y de la claridad que entraba en su ventana, como que los hechos ocurrían en hora de la siesta o en su camioneta en hora de la noche”, relató a la Justicia.
“El estaba presente siempre. En todo lo que era la vida familiar. En todas las reuniones y los cumpleaños. Y yo tenía una distancia que se diluía en una familia numerosa. Eramos 50. Y él era una persona muy caracterizada: introvertido, callado, provinciano. Nunca charlaba con nadie. Pero yo era muy pegada a él, incluso en la familia cuando yo era chiquita decían que yo era su novia”, comenta ahora, con el peso de las palabras asumido.
La angustia de ser madre, la imposibilidad de amamantar a su hija y la muerte de su tía, la esposa del abusador y la hermana de su madre, reacomodaron la mente de Patricia. “Fui mamá y a partir de ahí se empezaron a despertar muchas preguntas que me llevaron a terapia, a pedir ayuda profesional, con trabas que tenía. Y mi tía fallece y algo ocurre en mí como para que haga esta exposición. Mi tía era la comandante de la familia, era la mayor de las hermanas y heredó esa cosa matriarcal de mi abuela. Era como el dedo señalador, ella era la justicia en la familia”, cuenta Patricia.
Pero la tía se murió y a dos meses después, Aguirre pudo sacar de la habitación del psicoanálisis un tema que ardía en su interior. “Yo quería resolverlo en cuatro paredes. No se me pasó hablar fuera de la terapia, pero el proceso interno fluye y terminé teniendo que decirlo. No soportaba criar a mi hija en ese ambiente de silencio y mentira, hay otros chiquitos en la familia y era mucho. Estaba mucho en juego. Había un círculo que cortar”, explica.
En la causa dio su testimonio, Andrea Fabiana Vilches, la psicoanalista de Aguirre. “Este escenario de abusos ha colaborado en su trauma infantil, que se presentifica hoy un abuso intrafamiliar perpetuado en el tiempo”, declaró.
R., pareja de Patricia, también colaboró con la investigación. “Veníamos estando mal entre nosotros, mal como pareja, y noto que a ella le estaba pasando algo, que estaba conflictuada y un poco en el marco de ese conflicto, durante una discusión me dijo que tenía que contarme algo que le había pasado y le estaba haciendo mal y ahí me dice que su tío la había abusado. Noté cambios si de manera evidente cuando ella comenzó, hace años, a hacer terapia psicológica y con ese tratamiento ella tuvo ciertos cambios que lograron que ella pudiera finalmente contar lo que le paso y exteriorizarlo”.
“El me ponía su pene en mi boca, me tocaba, todo tipo de abuso de contacto. Yo trabajé mucho tiempo el tema del consentimiento, este tema que tenemos las denunciantes de abuso, una cosa culpógena, pero no hay consentimiento a esa edad, hay un adulto que sabe que está haciendo mal las cosas y una niñez ultrajada”, dice, con firmeza Patricia, quien admite que en la infancia no vivió los hechos “de manera angustiante”. Ella asegura que fue víctima de su tío entre los 5 y los 10 años y que recién a esa edad pudo alejarse de su abusador.
“Lo que pude trabajar es que a esa edad la niñez empieza a tener decisión sobre lo que está bien o está mal. Yo lo seguía mucho, en mi familia se decía que él era mi novio. Era un contexto que yo no podía cuestionar. Mis viejos separados, él era el único hombre y yo lo seguía mucho. Y nunca cuestioné esa situación”, relata.
La fiscal del caso, Andrea Nicoletti, pidió que se le realicen pericias psicológicas a Aguirre para determinar la veracidad de su testimonio. Los peritos determinaron que la mujer “presenta indicadores de abuso sexual” y explicaron que “durante el relato de los hechos se angustia, presenta sentimientos de culpa, vergüenza, durante su niñez y adolescencia naturalizó los hechos”.
También detallaron que “del relato de la víctima no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad, no presenta ideación delirante” ni padece enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de conciencia”. Además, aclararon que la mujer “no resulta peligrosa para sí o para terceros en forma inminente”.
Aguirre dice que simplemente pudo hablar 25 años después. “No sé si hay otras víctimas de él pero era una tradición el silencio, ocultar, callar. Mi familia es una familia de mujeres abusadas, de mujeres entregadas a la cuestión de su cuerpo, física y simbólicamente. Mis ancestros son santiagueños y en viajes nos encontramos con historias de hijas entregadas. Era una repetición. Mi mamá y mi tía eran víctimas de su papá. No es justificar pero es contextualizar. Una familia que generó un círculo repetitivo de abusos y yo que pertenezco a otra generación que pude cortar”, contó a Infobae.
Dos meses después de la muerte de su tía, Patricia le contó a su mamá de los abusos de Romero. A diferencia de sus primos y otros tíos, ella le creyó. “El admitió el delito que cometió”, le dice Mónica a este medio. Y compartió un audio que el acusado le mandó donde él le dice entre sollozos que tiene “una enfermedad”. “Vos sos mi cuñada pero cuando me abrazás ya para mí no sos mi cuñada”, le dijo el acusado en esa charla. Sin embargo, cuando fue citado a declaración indagatoria por la fiscal Nicoletti, el hombre se negó a hablar.
“Mi papá tenía una buena relación con mi tío y con respecto a mi crianza estuvo muy ausente. Lo que ocurrió fue que cuando yo hablé, él estuvo a la altura de las circunstancias y fue a declarar. Me acompañó todo lo que no me acompañó en 32 años. El quería hacer justicia por mano propia. Me dijo ‘si me lo pedís voy y lo mato ya’. Pero no va por ahí, la reparación es otra”, aclara Patricia.
Para Aguirre y para el juez Vitale la reparación es en la Justicia. “Por las otras chicas”, dice Patricia. Y para que Romero, de ser hallado culpable, al menos lleve la marca del castigo del Estado. En otro fallo de iguales características, de una denuncia de 2014 que nunca llegó al juicio por la verdad, Vitale dijo que la imposibilidad de investigar los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por prescripción de la causa “cancela (por el momento) el derecho de la víctima a que ‘su verdad’ sea discutida públicamente”. Y consideró que “de alguna manera, transforma esa violencia particular denunciada en violencia institucional pública”.
Vitale escribió en ese fallo que existe un “blindaje jurídico” propiciado por una “práctica jurisdiccional miope y reduccionista” que niega los derechos de las víctimas. Patricia asegura que no cree en el castigo de la prisión como una solución efectiva a los problemas de las personas. “Tiene que haber un orden. No creo en las cárceles pero hice la denuncia para que se sepa”, remarca Aguirre. Esa miopía que Vitale observa en la Justicia, Patricia la ve en su seno familiar: “En mi familia no lo pueden ver. Y es que la verdad es insoportable. Mi abuelo se murió en 2018 y todas sus hijas lo lloraron y lo cuidaron. A su propio violador. La realidad supera a la ficción”.
Fuente: infobae.com
