La Sala I de la Cámara Federal de La Pampa hizo lugar a la apelación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y determinó que siga la investigación de un presunto caso de trata de personas y matrimonio forzado que tendría como víctima a una joven de 15 años.
El tribunal consideró que el cierre de la pesquisa fue prematuro y ordenó “especial celeridad en el progreso de las actuaciones, dando intervención a los organismos especializados correspondientes a la materia”.
A su turno, el Juzgado Federal de Santa Rosa estimó que no había delito sobre el cual proceder, debido a que entendió que no podía corroborarse que la adolescente fue obligada a casarse.
El fiscal federal Leonel Gomez Barbella, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), apeló y el fiscal subrogante ante aquella Cámara, Horacio Azzollin, mantuvo y fundó el recurso.
En el fallo revocatorio, los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile destacaron la necesidad de profundizar la investigación e indagar en ciertos indicadores que se desglosan del testimonio que brindó la joven ante el equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia del Área Trata de la Policía pampeana.
Por su parte, Amabile sostuvo que durante el poco tiempo que duró la investigación, ni el MPF ni el Ministerio Pupilar fueron consultados por parte del juzgado para ofrecer su postura y para proponer las medidas que estimaban conducentes para la causa.
Comunidad gitana
Por otra parte, con respecto al argumento de que el comportamiento investigado responde a las pautas culturales de la comunidad gitana que integra la presunta damnificada, Amabile sostuvo: “Cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil –en el que al menos uno de los contrayentes tiene menos de 18 años–, dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.
La causa se inició el 12 de mayo de este año, cuando una asistente social de la Posta Sanitaria del barrio Río Atuel de Santa Rosa denunció ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia que, en ocasión de sus funciones, tomó contacto con una joven de 15 años, integrante de la comunidad gitana, que le había manifestado muy angustiada que había mantenido relaciones sexuales con un hombre mayor de edad, ajeno a aquélla.
En tanto, relató que la adolescente le dijo que tenía miedo que ante dicha situación su padre la obligara a casarse sin su consentimiento con alguien de su mismo grupo.
La profesional narró que al constituirse en el domicilio de la chica para continuar con su asistencia, su madre le informó que ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad gitana y que no podía hacer nada porque eso era parte de sus tradiciones familiares.
“Cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil –en el que al menos uno de los contrayentes tiene menos de 18 años–, dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.
En función de ello, y con la denuncia realizada, se ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraba la niña, para rescatarla y para que el equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia del Área Trata pudiera entrevistarla para indagar sobre su situación.
De esa entrevista, el equipo remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y social–cultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato, riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.
Por ello, aconsejó la necesidad de formular un proyecto de trabajo colectivo por parte de las instituciones barriales -salud, educación, cultura, justicia, municipio- que hagan posible el “revisionismo y adaptación cultural” al contexto del ejercicio de deberes y derechos humanos en la comunidad gitana.
En tanto, la licenciada en Trabajo Social que atendió a la adolescente también elaboró un informe de su intervención, en el que expresó que la joven desconocía sus derechos y que se encontraba presionada por los mandatos de la comunidad.
