El colegio de Nutricionistas de La Pampa argumenta su apoyo señalando que Argentina está entre los países que más bebidas azucaradas consumen en el mundo. Además, se consume el triple de la cantidad de azúcar recomendada por día y casi el doble de sal, lo que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
Según la Organización Mundial de la Salud, el exceso de peso en niños, niñas y adolescentes (NNyA) es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI a nivel mundial. Se trata de una enfermedad que no sólo afecta la calidad de vida y el crecimiento de los NNyA sino que también amenaza su desarrollo futuro como miembros activos de la sociedad ya que genera futuras potenciales discapacidades y limitaciones en su desempeño laboral y personal.
En Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2019), la prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años es del 13,6 % mientras que de 5 a 17 años es del 41%.
Otras cifras disponibles también dan cuenta de este panorama preocupante: la Argentina está entre los países que más bebidas azucaradas consumen en el mundo. Además, se consume el triple de la cantidad de azúcar recomendada por día y casi el doble de sal, lo que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
La obesidad infanto-juvenil tiene consecuencias físicas y psicológicas para la salud, siendo un factor predictivo importante de la obesidad en la edad adulta. Puede causar la manifestación temprana de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, así como afecciones concomitantes, contribuir a dificultades conductuales y emocionales como la depresión y la estigmatización, y reducir el nivel educativo que puede alcanzar el niño.
Uno de los principales determinantes de la obesidad es la exposición a un entorno obesogénico y las respuestas conductuales y biológicas inadecuadas a ese entorno. Entre estas son particularmente destacables los comportamientos alimentarios de tipo adictivo que se van acentuando en la medida que continúa la exposición a dichos factores .
Actualmente, muchos niños, niñas y adolescentes crecen en un entorno que fomenta la ingesta calórica elevada; los cambios en los tipos de alimentos que consumen, en su disponibilidad, asequibilidad, comercialización y marketing, juegan un rol muy importante en el desarrollo de la obesidad. Además, existe evidencia suficiente que corrobora la influencia de la publicidad de alimentos de baja calidad nutricional en las elecciones que hacen los niños y niñas, los pedidos de compra y sus patrones de consumo.
Esta situación sanitaria demuestra la necesidad de formulación de políticas públicas que tiendan a disminuir el consumo de productos con nutrientes críticos, como grasas, azúcar y sal, y a mejorar los hábitos alimentarios de la población a los fines de reducir el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles (ENT).
En el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) existen publicaciones que establecen recomendaciones directas y concretas con el objetivo de reducir el impacto de enfermedades crónicas no transmisibles y más precisamente se plantean estrategias para la prevención de la obesidad infantil que incluyen la restricción del marketing de alimentos de bajo contenido nutricional con un enfoque en la protección de niños y niñas y adolescentes. Cabe destacar que los efectos de la inversión de la industria alimentaria en la mercadotecnia de productos alimentarios poco saludables son alarmantes y resalta la necesidad de que los Estados adopten medidas destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de los alimentos, que puede conducir a la malnutrición, a la obesidad y a enfermedades degenerativas.
Asimismo, OMS y OPS han reconocido una serie de políticas de probada efectividad para prevenir la obesidad, tales como la restricción de publicidad de alimentos y bebidas no saludables, un etiquetado frontal de alimentos, medidas fiscales, políticas para mejorar el entorno escolar y general, entre otras. Además, numerosos comités de derechos humanos han recomendado la puesta en marcha de políticas alimentarias como un elemento necesario para proteger el derecho a la salud de las personas.
El derecho a la alimentación impone a los Estados la obligación de garantizar el acceso a alimentos esenciales, suficientes, inocuos y nutritivamente adecuados para preservar la salud. A fin de proteger los derechos de NNyA y, en consecuencia, prevenir la obesidad infanto-juvenil la acción del Estado es la única alternativa efectiva. Las medidas individuales como elegir alimentos saludables a la hora de la compra son necesarias pero no suficientes. Es el Estado quien debe garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada y quién tiene la capacidad de modificar los entornos en los cuales los NNyA viven. Esto se logra a través del diseño e implementación de un paquete de medidas que favorezcan un mayor acceso y disponibilidad de alimentos sanos y naturales en los entornos, que generen más oportunidades y espacios apropiados para hacer actividad física y por medio de políticas que restrinjan la publicidad de productos no saludables, entre otras medidas.
En este contexto, la Ley Provincial N°3248, que regula la exposición de dulces y bebidas con alto nivel calórico en proximidades inmediatas de cajas registradoras en hipermercados y supermercados de la provincia de La Pampa, tiene por objeto contribuir a mejorar el entorno alimentario, favoreciendo la promoción de una alimentación saludable y entendemos que tiende a ser parte de la implementación de una política pública más amplia de entornos saludables. Cabe destacar que, cuando se menciona “dulces y bebidas con alto nivel calórico”, se hace referencia a productos alimenticios de baja calidad nutricional, es decir, elaborados principalmente con ingredientes industriales, que normalmente contienen poco o ningún alimento natural y que presentan exceso de los nutrientes grasas, azúcares y/o sal.
Es por ello, que desde el Colegio de Nutricionistas de La Pampa, apoyamos la mencionada Ley, tomando en cuenta que forma parte de un conjunto de dispositivos o políticas públicas que hacen a la protección del derecho a la salud de las personas.
