La alarma que se prendió en Mendoza el jueves, cuando se conoció que la Nación convocaba a los gobernadores de las provincias integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) para discutir nuevamente el impacto ambiental de Portezuelo del Viento, ayer sonó sin parar cuando el presidente, Alberto Fernández, puso en duda los fondos para la construcción de la megaobra.
El diario Los Andes señaló que durante su visita a La Pampa, el mandatario aseguró que no quiere “financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias” agrupadas en el Coirco (en referencia a La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén).
Las declaraciones del Presidente, en una provincia que ha estado en permanente conflicto con Mendoza por el agua de los ríos Atuel y Colorado se dieron a menos de un mes de que cierre la licitación el 3 de julio.
Ante esto, el gobierno de Rodolfo Suárez aseguró que seguirá adelante con el proyecto y habló de una especulación política.
Como se dijo, lo de ayer es una continuidad de la avanzada del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien desarchivó un pedido de laudo de La Pampa (para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental) que había sido desestimado por el ex presidente Macri en 2019 y, además, convocó a los cinco gobernadores del Coirco a una reunión el 26.
El ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, ratificó que “se han llevado a cabo todos los procedimientos legales correspondientes” y remarcó que “el llamado a licitación de la obra ya está en curso, ya que la Provincia ha recibido en tiempo y forma el desembolso de los pagos por parte de la Nación”. Además, confirmó que Suárez asistirá a la reunión.
“Sólo podrán poner un freno jurídico cuando se empiece la obra, o si dejan de enviar el dinero que corresponde”, reforzó una fuente del Ejecutivo las sensaciones del momento.
Desde la Casa de Gobierno también se corrigió al Presidente al indicar que “no está financiando una obra” sino que “el pago es por los perjuicios que tuvo Mendoza por la promoción industrial”.
El monto pactado es el resultado de un acuerdo extrajudicial para evitar el juicio iniciado. Hasta el momento, la Nación desembolsó U$S 37,2 millones (de un total de U$S 1.023 millones) en tres cuotas. La cuarta debería pagarse en julio.
