El juez de control de General Acha, Diego Asín, formalizó hoy a Enrique Ismael Fuentes por un hecho que podría encuadrarse dentro del delito de intimidación pública, ya que mediante un audio de WhatsApp habría divulgado la existencia de un posible caso de coronavirus en 25 de Mayo.
La audiencia se realizó a través de una videollamada de WhatsApp, estando Asin y el defensor oficial, Claudio Martínez Sabio, en General Acha; y la fiscala Eugenia Bolzan y el imputado en 25 de Mayo.
En este caso, Bolzan encuadró la supuesta conducta de Fuentes dentro del artículo 211 del Código Penal y solicitó la apertura de su celular. Asín hizo lugar a ambos requerimientos. La defensa, en cambio, cuestionó la calificación legal y, además, dijo que se violaron garantías constitucionales durante el secuestro del teléfono por parte de la Policía, ya que adujo que fue entregado voluntariamente.
El hecho que la Fiscalía le imputó a Fuentes, de 45 años, fue que “mediante un audio de la red social Whatsapp, que tomó estado público, manifestó que habría un posible caso en 25 de Mayo y que contagiaría a varios en alusión al COVID-19 (…) infundiendo temor público”. El imputado, cuando Bolzan le tomó declaración, se abstuvo de responder.
El artículo 211 del C.P. prevé penas de prisión de dos a seis años para quien “infunda un temor público o suscite tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
Tras confirmar Asin, en la audiencia de formalización, la detención de Fuentes –estaba en la comisaría de 25 de Mayo– por parte del Ministerio Público Fiscal, se dispuso su liberación sin que hubiera objeciones de la fiscala.
