Si bien la cara más visible del funcionamiento del Poder Judicial, durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, es el fuero penal; ello no significa que la otra mitad de la Justicia haya quedado paralizada desde el 20 de marzo.
Por el contrario, los fueros no penales también continuaron activos durante estas tres semanas a partir, fundamentalmente, de la existencia del Sistema Integral de Gestión de Expedientes (SIGE), un recurso tecnológico propio similar al Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos (Sigelp) que se utiliza en el ámbito penal.
“En nuestro caso ya lo veníamos usando desde el año pasado y, a partir del 1 de marzo, comenzó a ser obligatorio para las notificaciones”, señaló Marina Álvarez, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa. “Incluso a partir de abril, en medio de la cuarentena, como el personal de la Secretaría de Sistemas y Organización continuó trabajando en su desarrollo, se habilitó también el SIGE para los operadores externos, o sea para que los abogados puedan efectuar presentaciones a través de esa vía”.
Este proceso de despapelización permite cargar en cada expediente virtual toda la información que antes se escribía en un papel (sentencias, resoluciones, recursos instados, domicilios constituidos, notificaciones, etc.).
“La realidad indica que la Cámara mantuvo la prestación del servicio de justicia en forma regular durante este período de aislamiento –indicó Álvarez–. De hecho, como estamos divididos en Salas, cada una organizó sus tareas cotidianas –entre jueces, funcionarios y empleados– a través de despachos virtuales desde sus casas”. Así, en estos días de aislamiento, el Tribunal dictó 17 sentencias que ya fueron subidas a la página web del Poder Judicial en la solapa “consulta de sentencias”.
También, como en el penal, los fueros no penales atienden casos urgentes durante la feria judicial extraordinaria, dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia, y para ello, en el caso de la Cámara, se conformaron guardias rotativas compuestas por magistrados, secretarias, prosecretarios y empleados.
“Nosotros, cuando vimos que en los días previos al aislamiento comenzó a restringirse la circulación de personas, habilitamos la opción de que los profesionales remitan sus escritos por mail y habilitamos una línea telefónica y de Whatsapp para consultas y se lo hicimos saber al Colegio de Abogados. Y después los expedientes sobre los que estábamos trabajando a nuestros domicilios, para continuar estudiándolos y resolverlos”, concluyó Álvarez.
EL RESTO DE LOS JUZGADOS
Con relación a los cinco juzgados civiles de primera instancia, los dos de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, los dos de Ejecución, Concursos y Quiebras y los dos laborales que funcionan en Santa Rosa, cabe remarcar que estos dos últimos cuentan con el SIGE y que el resto está próximo a incorporarse al sistema.
En ese sentido, los tribunales laborales –siempre en esta etapa de cuarentena– dictaron sentencias y resolvieron amparos, y notificaron de ello a las partes en forma inmediata a través de los expedientes electrónicos.
Los jueces civiles también firmaron fallos, además de interlocutorios y actuaciones de mero trámite, aunque en la mayoría de los casos no hubo notificaciones porque por la feria no corren los plazos procesales.
Sí, en cambio, notificaron por correo electrónico –y lo reforzaron con llamados telefónicos– las providencias urgentes que obligaron a abrir la feria o a rechazar su apertura, por medidas cautelares y autosatisfactivas, amparos, pedidos de prescripciones y temas alimentarios, entre otras cuestiones.
En el fuero de familia se contestaron a través de mails los distintos escritos que ingresaron acerca de medidas cautelares y autosatisfactivas, internaciones de menores, controles de legalidad de medidas excepcionales y ausencia de menores de hogares. A su vez en ambos tribunales se avanzó en el dictado de sentencias para cuando se normalice la actividad.
En los juzgados de ejecución hubo sentencias y se ordenaron libranzas judiciales –lo mismo ocurrió en otros tribunales– de acuerdo al esquema de fechas que se fijara a través del acuerdo 3696 del Superior Tribunal de Justicia, por el cual el 31 de marzo se prorrogó la feria extraordinaria.