La Asociación de Padres, Amigos y Protectores del Centro de Día es una asociación civil, sin fines de lucro, conformada por personas ocupadas en el tratamiento integral de las personas con distintas discapacidades.
Para brindar una correcta atención, la Asociación cuenta con 26 empleados con un costo de $800.000 mensuales y posee costos de funcionamiento por distintos servicios y proveedores por otros $250.000 mensuales.
La mitad de los concurrentes tiene cobertura de INCLUIR SALUD, programa del Gobierno Nacional dirigido a titulares de pensiones nacionales no contributivas administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde esa agencia, hace entre ocho y diez meses que no se transfieren los fondos correspondientes a los servicios prestados por APAP a sus beneficiarios. Durante todo ese tiempo, APAP afrontó con fondos propios el pago de sueldos, contribuciones, insumos y otros servicios, asegurando a todos los concurrentes el total de los servicios que habitualmente se prestan.
Hoy la situación se tornó crítica, y comienzan a generarse deudas con proveedores, profesionales y otros organismos.
APAP brinda servicios a 40 concurrentes en 3 edificios: en el Centro de Día, desarrollan actividades educativas, terapéuticas y de capacitación laboral; en la Posada del Sol brinda servicio de alojamiento, además del desarrollo de actividades cotidianas tendientes a que los concurrentes logren su máxima independencia personal y la integración a sus medios familiares; Y en la Residencia, se cuenta con 8 unidades habitacionales totalmente equipadas, destinadas a aquellos concurrentes que logran desarrollar un mayor grado de independencia en sus actividades.
En todos los casos, APAP proporciona el transporte desde sus domicilios hasta la institución, el desayuno, el almuerzo y la cena a quienes residen en la posada y brinda apoyo y orientación a cada familia, generando también diversas actividades con otras instituciones para lograr la participación de los concurrentes.
Tras el cambio de autoridades nacionales, la Agencia de Discapacidad convocó a una reunión para evaluar cada caso en concreto y reconoció una deuda que ascendía a 8 mil millones de pesos a nivel nacional hasta diciembre de 2019.
Se espera que las nuevas autoridades empiecen a regularizar los pagos para evitar que la institución tenga que tomar decisiones drásticas. La situación ha provocado que se agoten los recursos tras la demora en percibir lo correspondiente a servicios prestados.
