En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a un hombre, como autor material y penalmente responsable del delito de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la cual mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género “; a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Además le impuso las siguientes reglas de conducta por el término de dos años: fijar domicilio, y en caso de modificarlo avisar previamente al Juez de Ejecución o Fiscal y someterse al control del ente de políticas socializadoras.
También le ordenó el cese de todo tipo de acto de intimidación y perturbación para con la víctima- su ex pareja- y someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
El acuerdo fue solicitado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor particular Guillermo Allasia, la parte querellante representada por la Oficina de la Mujer y el imputado.
La damnificada, al ser informada sobre el acuerdo prestó su conformidad y solicitó que no se le imponga al imputado medidas de restricción de acercamiento, comunicación y contacto para con ella, ya que ella nunca estuvo de acuerdo con que se le hiciera una causa.
Hechos
Las pruebas aportadas en el legajo permitieron dar por cierto que el imputado se encontraba en el domicilio de la damnificada, con quien mantenían una relación de noviazgo, que luego de una discusión se originó un altercado donde hubo forcejeos, manotazos e insultos, todo afuera del domicilio.
A raíz de esa situación el imputado decidió marcharse, subiéndose a su camioneta y ante la disconformidad de la víctima, la misma se aferró a la manija de la puerta del acompañante. El imputado aceleró la pick up, sabiendo que la víctima venía agarrada, lo que derivó en que fuera arrastrada y que al cabo de unos metros, la joven se zafara cayendo duramente contra el piso.
Cardoso agregó en el fallo que “de la reseña efectuada y los hechos conforme acontecieran en autos, no cabe sino concluir que el accionar del imputado constituye un claro caso de violencia física, de género y por la sola condición de mujer”.
Luego, la magistrada agregó que “ninguna duda cabe que la violencia de género es una de las problemáticas más comunes en las relaciones interpersonales y es un flagelo en la sociedad por lo cual se deben promover acciones tendientes a erradicar todo tipo de violencia manifiesta contra el género femenino.
Así también lo entendió nuestro Superior Tribunal de Justicia al disponer la introducción de la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, atento al compromiso asumido por el Estado Argentino a través de la integración de los tratados sobre derechos humanos a la Constitución Nacional producto de la reforma de 1994”.
