Los padres de los rugbiers acusados por el homicidio agravado del joven Fernando Báez Sosa podrían no volver a ver a sus hijos en libertad.
Queda claro que la única víctima es el difunto Báez Sosa y, por extensión, sus padres y allegados.
Pero para los padres de los acusados, como consecuencia del delito aberrante cometido por sus hijos, la vida también cambiará radicalmente y causará consecuencias devastadoras para cualquier proyecto familiar.
En todo caso, deberán responder por lo que (por brutalidad, ignorancia, estupidez y criminalidad) cometieron sus hijos.
Los acusados tienen en promedio entre 19 y 20 años, de modo que sus padres rondan entre los 40 y los 50.
El homicidio agravado tiene una pena única de prisión o reclusión perpetua, lo que significa que ante una eventual condena comenzarán a salir de prisión dentro de un lapso que –según cada caso- será de no menos de 20 años y hasta 30.
Un padre de 50 años hoy podría volver a ver a su hijo libre cuando tuviera 80.
Esa no es, por cierto, la única circunstancia arrasadora para sus vidas. Desde el punto de vista económico, el brutal crimen cometido por sus hijos también tendrá consecuencias ruinosas.
La contratación de abogados particulares para las defensas es altamente onerosa: los honorarios profesionales para este tipo de casos son millonarios y, además, hay costos adicionales de logística doméstica que multiplican exponencialmente las erogaciones.
Difícilmente puedan tener un mismo abogado porque entre los imputados hay “intereses contrapuestos” entre quienes participaron pateando a la víctima en el piso, quienes alentaron esas acciones y los que evitaron algún tipo de asistencia o interrupción de la agresión.
Los detenidos serán alojados en una cárcel de la zona, probablemente en Batán, y permanecerán allí a la espera del juicio oral y público. En caso de condena, deberá determinarse en qué penal cumplirán la pena.
Como se trata de un delito común cometido en territorio bonaerense, es poco probable que vayan a establecimientos penitenciarios federales como Ezeiza o Marcos Paz.
En ese contexto, la vida de todos se trasladará a Dolores, la sede más probable para la celebración del juicio oral.
Sólo para tomar dimensión de los costos económicos, bastará recordar que el abogado Roberto Ribas, ex defensor del fiscal Carlos Stornelli en la “Causa D’Alessio”, graficó que “cada vez que hay que presentar un papel en Dolores son 20 mil pesos sólo de gastos”.
Todo ello, además, sin contar las eventuales condenas civiles por “daños y perjuicios, pérdida de chance” y muchos otros rubros tabulados como reparación para la familia de la víctima.
(A24)