El acto se llevó a cabo en Ensenada, en cercanía de La Plata, provincia de Buenos Aires. “Más de 40 años después, reivindicamos públicamente por medio de esta señalización a nuestros compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos y presos políticos por haber sido militantes y delegados sindicales. Y denunciamos que hay responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad”, dijo uno de los voceros
Su hijo, Carlos De Laturi, estuvo presente
Propulsora Siderúrgica, (Siderar – Grupo Techint), comenzó a funcionar en 1969. Empleaba aproximadamente 1500 trabajadores, muchos con experiencia en otras fábricas de la región y otros jóvenes que entraban a trabajar por primera vez.
Las condiciones de trabajo en la empresa eran duras: altas temperaturas, ruidos infernales, contacto con ácidos, jornadas de 12 hs., turnos rotativos y fuertes presiones laborales, cuyo objetivo era siempre llegar a la producción requerida.
Existía un cuerpo de delegados avalado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Cuando en 1973, en una convocatoria a elecciones, la UOM no permitió que participara como delegado el Pampa Delaturi, uno de los delegados más reconocidos por sus compañeros hasta entonces, surgió la Lista Blanca. Poco a poco, se nuclearon allí muchos compañeros, militantes sindicales y políticos. Eran peronistas, comunistas, socialistas. La Lista Blanca expresó el más alto nivel de unidad entre las organizaciones sindicales, por ello permanece en la memoria y en la historia de lucha de las y los trabajadores.
Sin embargo, en elecciones fraudulentas, la lista avalada por la UOM mantuvo la conducción de la fábrica.
La Lista Blanca reclamaba mejor salario y condiciones de trabajo: ropa y comida adecuada; transporte; categorizaciones correspondientes; capacitación; higiene en las instalaciones; igualdad de trato entre obreros y supervisores y/o jefes; arreglos y mantenimiento de las máquinas con las que trabajaban a fin de evitar accidentes; bonos de fin de año; pase a planta de trabajadores y trabajadoras contratadas, entre otras.
Pero la lucha no era meramente reivindicativa, se luchaba por la liberación nacional y la emancipación de la clase trabajadora.
En 1974 las y los trabajadores de Propulsora tomaron la fábrica, tenían el apoyo de la región. Reclamaban a la empresa por demandas laborales y el reconocimiento de la comisión interna legítima. Lograron que la empresa reconociera a su Comisión Interna Provisoria.
En 1975 participaron, junto a miles de trabajadores de la región, de las jornadas de junio y julio contra las medidas económicas del gobierno de Isabel Perón. Se defendía también la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, bajo el lema “14.250 o Paro Nacional”.
En las fábricas había surgido una organización sindical que estaba dispuesta a pelear por sus derechos y no permitir que avanzara la explotación y el maltrato. La Coordinadora de gremios en lucha, una suerte de continuidad histórica de la CGT de los Argentinos, realizaba actividades militantes en apoyo a las luchas de fábricas cercanas y al movimiento estudiantil. Trabajadores y estudiantes en aquella época se encontraban mucho más cerca y acompañaban sus demandas. La potencialidad desplegada por estos militantes fue imperdonable para la élite gobernante conservadora, las patronales y las fuerzas militares que tomaron el poder en 1976.
Hubo dos grandes etapas represivas, una previa al Golpe de Estado y otra posterior. Desde 1975, por la actuación de la Triple A y la CNU, varios trabajadores fueron atacados, tres de ellos asesinados, entre enero y febrero de 1976.
Luego, la represión se profundizó de manera sustancial. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, los directivos de la empresa conocían el momento exacto en que se iba a producir el Golpe. Corrió el rumor y muchos trabajadores atravesaron a campo traviesa el predio de la empresa, escapando de la cacería que efectivamente ocurrió. Así, decenas de trabajadores dejaron de asistir a la fábrica por temor a ser detenidos. No esperaban ser secuestrados ilegalmente de sus casas días o meses más tarde y llevados a centros clandestinos de detención. Eso fue lo que ocurrió, y algunas de estas personas permanecen desaparecidas.
La planta fabril fue militarizada durante varios meses. Con la presencia de personal militar en todos los sectores; una carpa militar para el funcionamiento y coordinación de la represión dentro del predio; y la colocación de ametralladoras antiaéreas. El día a día cambió totalmente: se prohibieron la comunicación entre trabajadores, la actividad sindical y todas las instancias de representación obrera.
En la entrada, las fuerzas militares tenían listas negras de trabajadoras y trabajadores, que al llegar eran apresados y conducidos a los centros clandestinos de detención. Otros fueron detenidos de manera ilegal en sus puestos de trabajo. Eran subidos a camiones que se encontraban dentro del predio, junto a otros “chupados” de otras fábricas de la zona. Una trabajadora fue esperada en su oficina por personal de civil, que la encapuchó y la metió en el baúl de un auto apostado dentro del predio, en el estacionamiento de la empresa.
La empresa entregó información fundamental a las fuerzas militares para realizar la represión: los legajos personales. Algunos trabajadores, una vez liberados, quisieron volver a sus puestos de trabajo. La respuesta sistemática de la empresa fue: “Agarrá la indemnización y no vuelvas si no querés que te vuelva a pasar”. A quienes estaban detenidos o desaparecidos, les enviaban un telegrama de despido por “abandono de tareas”.
Hasta el momento se han relevado los datos de 6 asesinatos, 19 desapariciones y decenas de detenciones ilegales de personas que hoy son ex detenidos desaparecidos, ex presos políticos, o exiliados: al menos 15 eran delegados sindicales.
Más de 40 años después, reivindicamos públicamente por medio de esta señalización a nuestros compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos y presos políticos por haber sido militantes y delegados sindicales. Y denunciamos que hay responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad.