El fiscal interviniente Damián Campos, junto al defensor particular Oscar Ortiz Zamora, y los dos imputados defendidos por el letrado, presentaron ante el juez un acuerdo de juicio abreviado. El juez ordenó el decomiso de las seis armas secuestradas en la causa.
El juez de control piquense Alejandro Gilardenghi (foto) condenó hoy a una mujer de 34 años y a un hombre de 33 años, por considerarlos autores materiales y penalmente responsables de los delitos de “robo campestre, encubrimiento por receptación -tres hechos-, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, y tenencia de arma de guerra”, a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional o en suspenso y multa de mil pesos cada uno.
También impuso a ambos condenados las siguientes reglas de conducta por el término de dos años: fijar residencia; abstenerse de relacionarse por cualquier medio con el damnificado- el dueño del predio rural donde sustrajeron varios elementos- , la misma incluye la prohibición de acercarse a su predio rural, como la de comunicarse por cualquier medio con el mismo; no cometer nuevos delitos; someterse a la observancia de las reglas de conducta por el juez de ejecución penal y al cuidado y contralor del Ente de Políticas Socializadoras.
El fiscal interviniente Damián Campos, junto al defensor particular Oscar Ortiz Zamora, y los dos imputados defendidos por el letrado, presentaron ante el juez un acuerdo de juicio abreviado.
Los hechos admitidos por ambos imputados en el acuerdo fueron presentados en tres legajos diferentes y consistieron en que el 14 de julio 2018, los imputados ingresaron a un predio rural cercano a la localidad de Arata y previo violentar los candados de ingreso de los tres galpones que se encontraban en el lugar, sustrajeron numerosos elementos (varias máquinas de jardinería y mantenimiento de parques, herramientas, etc).
En el allanamiento realizado el 16 de julio de 2018, no sólo se lograron secuestrar elementos correspondientes al delito cometido dos días antes, sino que también se hallaron objetos que habían sido denunciados como sustraídos por un empleado del dueño del predio rural- el día 08 de junio de 2018 en el mismo lugar, advirtiéndose la presencia de seis armas de fuego; de las cuales sólo una escopeta fue reconocida por el damnificado dueño del predio. Las restantes fueron secuestradas teniendo en cuenta que la tenencia de las mismas por parte de los imputados resultó ilícita, ya que ninguno de ellos contaba con ningún tipo de autorización legal al respecto (según los informes elevados desde el RE.P.AR.).
Posteriormente, pudo determinarse que otra escopeta había sido objeto de denuncia por parte de su dueño el 17 de octubre de 2017 y un revólver y una carabina habían sido denunciadas como sustraídas con fecha 24 de julio de 2016 por su propietario.
Gilardenghi agregó en el fallo que “con la decisión acordada por las partes se garantiza una respuesta judicial efectiva, dado que aún en el hipotético caso de finalizarse los procesos de un modo ordinario, en un eventual juicio oral y público -y no con la salida alternativa que aquí se presentó-, la sentencia que recaería sería -potencialmente- similar o idéntica a la acordada por las partes. Todas estas cuestiones, y además razones de celeridad y economía procesal para una solución rápida y definitiva de estos litigios, aconsejan el dictado de la sentencia, en este caso, tal como se ha solicitado por las partes”.
El magistrado expresó que “en la sentencia que recaiga por acuerdo de juicio abreviado no podrá imponerse una pena superior o más grave que la pedida por el Ministerio Público Fiscal. La pena de prisión puede ser dejada en suspenso en ambos casos toda vez que los imputados no registran condenas anteriores, en cuanto a las reglas de conducta a imponer, considerándolas apropiadas para el caso, tampoco me apartaré de lo acordado, por resultar razonables y de posible cumplimiento”.
Por último, el juez ordenó el decomiso de las seis armas secuestradas en la causa.