“Está dirigido al personal contratado que tenga una antigüedad de al menos ciento ochenta días efectivos de prestación de servicios en la Administración Pública Provincial, al momento de la promulgación”, dijo la diputada, Claudia Godoy.
“Sabido es que el contrato de empleo público instituido en la Provincia, prevé dos modalidades según el plazo de su vigencia: la relación permanente y la no permanente. En el caso de los que integran la plaza temporaria o no permanente, conviven con la precariedad de que en cualquier momento podría no renovárseles el contrato, ya que, al 31 de diciembre de cada año, se pone el mismo en consideración.
“Pues bien, a los efectos de garantizar la permanencia y estabilidad de ese personal contratado, se hace necesario dictar el marco legal que permita, cumplidos los requisitos pertinentes, proceder a su nombramiento y con él, al acceso a importantes derechos que como contratado no tiene: licencias, la posibilidad de concursar o subrogar categorías, acceder a créditos sin doble garantías y otros”.
“Cuando hablamos de personal no permanente de la administración pública, y que son los alcanzados por este proyecto, estamos hablando de un personal que ha venido cubriendo en sus funciones a quienes han dejado de pertenecer a la planta permanente por distintas razones y es un personal que cuenta con la vacante respectiva.
“Al estar tomando el Estado provincial esta medida, mantiene el actual equilibrio de la planta, porque no se estará incurriendo en un crecimiento significativo de la misma ya que serán 1531 los ingresantes a esa planta permanente, mientras que entre los años 2016 y 2018, por diferentes motivos hubo 1256 vacantes que quedaron libres, es decir que fueron empleados de planta que han ido dejando la misma” dijo la diputada del oficialismo por General Pico.
La que generó polémica fue la intervención del diputado Héctor Fazzini que inscribió a esta norma en el “clientelismo político de cada gobierno ante un proceso electoral” y reclamó conocer “cuál es el número de empleados públicos con los que cuenta el Estado provincial, algo que el gobierno oculta o directamente no lo sabe”, Igualmente adelantó el voto positivo diciendo que “es paliativo que da esperanza”.
Le salió al cruce el diputado Jorge Lezcano espetándole que “lo que ha pasado acá es que, como ocurre cada vez que se produce un desfasaje en la administración pública nacional, el Estado provincial toma cartas en el asunto resolviéndolo” y aseguró que “Macri atenta contra el trabajo y contra el Estado, por eso lo que el Estado provincial hace es salir a rescatar a los trabajadores que se quedan afuera de la fiesta con al que se beneficia el gobierno provincial, eso es lo que hay no precarización laboral. Se entiende que a esos trabajadores que Nación no atiende, el gobierno provincial sale a cuidarlos, asegurándose que ninguna familia quede sin satisfacer la necesidad de comer”. Y ante la insistencia de Fazzini preguntando cuál es el número de trabajadores fijos en el Estado, Lezcano dijo “todos los posibles que hayan perdido la dignidad del empleo por responsabilidad de Macri”.
Después el diputado Maximiliano Aliaga reclamó por el congelamiento de años del escalafón provincial y el diputado Roberto Robledo también le respondió a Fazzini, diciendo que “el estado Nacional no le ha cumplido en nada a La Pampa, atacando así al federalismo. “El gobierno provincial –dijo- sólo trata de cubrir baches, pero siempre quedando a la espera de que Nación cumpla. Hoy sólo hay que mirar la ruta 35 donde de 90 trabajadores que llevaban adelante tareas de asfaltado, hoy sólo quedaron 2 cuidando la maquinaria, lo mismo pasa en todo” y se lamentó que “por culpa del gobierno de Macri hoy hasta los que tienen un empleo formal pueden acceder a la canasta básica de alimentos”. La ley fue aprobada por unanimidad”.