En la Bicameral el senador pampeano por el PJ, manifestó el enérgico rechazo de la oposición a los DNU del presidente Macri.
“Macri no deja de sorprenderme”, disparó Lovera ante la consulta sobre lo que votó la Bicameral. Se trataron cuatro decretos: uno de facultades delegadas y tres de necesidad y urgencia.
¿Cómo evalúa el tratamiento de los DNU en la Comisión Bicameral?
Hay 2 proyectos que hace unos meses atrás obtuvieron sanción por parte de la Cámara de Senadores luego de un largo tiempo de discusión, de acuerdos y desacuerdos, de recibir y escuchar a expertos en la materia, de proponer y consensuar modificaciones, tras muchas horas de reuniones de comisiones y de debatir en el recinto. Claramente, no estoy diciendo ninguna novedad. Es el trámite normal y lógico de todas las leyes. Lo que hace evidente el hecho de que el Presidente no lo entiende de igual forma; si no resulta incomprensible su accionar en el dictado de estos decretos, que aún cuentan con estado parlamentario para ser debatidos y sancionados en su caso por la Cámara de Diputados.
¿Existe inconstitucionalidad en estas normas?
“La Constitución no lo habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o el dictado de un DNU, hay un Congreso, con representación a través de los partidos políticos reconocidos constitucionalmente, todo el procedimiento parlamentario con sus controversias, debates y réplicas se vuelve fundamental para la democracia. Más allá de la cuestión de fondo, no existe circunstancia excepcional alguna que impida al Congreso Nacional seguir con el trámite ordinario para la sanción de una ley. Estos dos proyectos sancionados por este Senado aún cuentan con estado parlamentario. Si el Poder Ejecutivo Nacional entendía que eran fundamental para la democracia y las instituciones de nuestro país, podría haber incorporado estos proyectos en las sesiones extraordinarias convocadas durante 2018, o bien convocar a sesiones extraordinarias en 2019 con esta finalidad. Sin embargo, no lo hizo; y optó por esta herramienta excepcional –DNU-, motivado solo por la conveniencia política y mediática”, puntualizó el senador.
¿Cómo analiza la creación de la Agencia Nacional del Deporte?
Entre los criterios de excepcionalidad que son atributo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, no se contempla, bajo ninguna circunstancia, que mediante esta vía se manifiesten programas integrales de gobierno. Y menos aún, utilizar esta herramienta excepcional para establecer políticas regresivas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Este decreto implica la degradación del deporte y sus instituciones, que hoy hacen enormes esfuerzos para sobrevivir en un contexto de recesión económica y ahogo por el aumento de las tarifas. Clubes que contienen a los chicos, y en muchos casos no solo brindan actividades de esparcimiento sino también alimentación, educación y apoyo emocional a nuestros jóvenes. En 2016, se arrancó a partir de un Ministerio de Educación y Deportes. En 2017 se lo degradó a Secretaría de Deportes y, a comienzos del 2019, nos sorprendió esta decisión de nuevamente degradarla a la figura de Agencia. Esta medida reafirma la insistente y errónea idea de este modelo de gobierno de considerar que el Estado debe “retirarse” de determinados ámbitos, y en su lugar, incorporar al sector privado. Desconocen el rol social que el deporte tiene en nuestro país, principalmente en el interior. Si queremos una verdadera transformación social, esta es una de las medidas que justamente no hay que tomar.
Con respecto al DNU que afecta la Industria Satelital, ¿cuál es su consideración?
El DNU 58/19 no solo avasalla los propósitos establecidos en la Ley 27.208, sino que además habilita la posibilidad para que las grandes empresas de telecomunicaciones fijen la prestación de un servicio con base en la demanda y no en la necesidad de acortar la brecha digital, siempre todos es en desmedro de los derechos de los argentinos. Se utiliza, una vez más, una herramienta excepcional para imponer la voluntad del gobierno, menoscabando el trabajo realizado por este Senado; en perjuicio de los pueblos del interior y de los contenidos regionales, y solo al servicio de unas pocas empresas.
Para que existan inversiones en telecomunicaciones se necesita un marco jurídico sancionado por el Congreso de la Nación, estable, permanente y que no esté sujeto a los cambios de gobierno o a las necesidades del gobierno de turno. Se deben establecer, para este sector, reglas de juego claras para generar inversiones y puestos de trabajo a lo largo y ancho de nuestro país. No existen, en ninguno de los Decretos de Necesidad y Urgencia que hoy tratamos, razones excepcionales que ameriten su dictado.
¿Por qué el uso de los DNU por parte del Ejecutivo Nacional?
El Presidente no respeta nuestra Constitución, avasalla en forma permanente las atribuciones del Congreso y la voluntad popular que erigió a sus representantes.
El estado de necesidad y urgencia no es igual a conveniencia política. La falta de una mayoría o la incapacidad para generar consensos es una inconveniencia política pero no una circunstancia de necesidad y urgencia.
Este accionar, cada vez más frecuente del gobierno, debilita nuestras instituciones, el sistema representativo, republicano y federal de gobierno. Las modificaciones realizadas mediante estos decretos -sobre temas relevantes y sensibles para la sociedad- y sobre todo para el sistema democrático, imponen un especial debate republicano que tenga al Congreso de la Nación como actor protagónico.