Lo hizo mediante la Resolución Nº 3/19 de la Secretaria de Tecnologías de la información y las comunicaciones aprobó el reglamento de compartición de infraestructura.
Este es la resolución:
El Gobierno Nacional, mediante la Resolución Nº 3/19 de la SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, aprobó el REGLAMENTO DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA que reglamenta el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular.
Por dicha Resolución se avasallan facultades legislativas y se obliga a los propietarios o poseedores de torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo a compartirlo y ponerlo a disposición de esas grandes prestadoras para que suministren los mismos servicios, y otorga amplias facultades al Ente Nacional de Comunicaciones -como Autoridad de Aplicación- para definir cuestiones técnicas y económicas de los convenios que deben formalizarse.
Cabe recordar que el Estado Nacional, reconociendo que la cuestión debe ser tratada y regulada mediante una Ley, había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto de Ley, denominada Ley Corta, por medio del cual, en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable.
Dicho proyecto hoy cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados; y respecto de esta temática, en el legislativo se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios.
Con esta Resolución, el Gobierno Nacional, en beneficio de las grandes corporaciones de cable y telefonía celular no solo avasalla las facultades legislativas del Congreso Nacional, sino que además vulnera el derecho de propiedad, y pone en crisis la subsistencia todas las PYMES del interior del país que prestan servicios de cable y televisión y las deja a merced de las grandes operadoras del mercado, desamparando también a sus trabajadores.