“El Gobierno Nacional intenta instalar temas de campaña y olvidarse de los descalabros económicos que vienen empujando a la clase trabajadora argentina por debajo de la línea de pobreza”
Consultado acerca del impacto institucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Macri en los últimos días, el senador nacional pampeano, Daniel Lovera, analizó las consecuencias inmediatas.
Hay tres temas que, en los últimos días, han sido abordados con prácticas contra natura por parte del Ejecutivo Nacional y que merecen un replanteo analítico con un abordaje consciente y cuidadoso por parte de nuestra fuerza política, que hoy representa la principal oposición nacional. Estamos hablando de la extinción de dominio, de las auditorías a las universidades públicas por parte de la SIGEN y del abordaje oficial sobre la Ley Corta de Telecomunicaciones. Son casos a trabajar de inmediato porque representan una vulneración a los derechos republicanos.
Siendo los DNU una herramienta constitucional, ¿qué hace que en estos casos no deban aplicarse?
Muy sencillo. El valor conceptual de esa herramienta ya desacredita su aplicación para estos casos. Es claro que todos estos temas revisten una clara necesidad, pero son perfectamente aptos para ser tratados en el ámbito que corresponde, que es el Poder Legislativo. Hay una gran diferencia entre celeridad y urgencia. Perfectamente podemos darle celeridad legislativa, como lo requiere el trato de temas tan sensibles para nuestro país, pero de ningún modo veo necesaria una urgencia institucional que lo único que desnuda es una búsqueda de impacto mediático para impulsar una campaña electoral.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Respecto a la extinción de dominio, si el Gobierno veía la necesidad de movilizar el tema, bien podría haber propuesto su inclusión en las extraordinarias de diciembre, y no lo hizo. Este apuro no solo desnuda desprecio constitucional sino que expresa, una vez más, un grado temible de improvisación. Es incomprensible que no se hayan usado las herramientas institucionales para sacarla en Diputados en los tiempos razonables. En el Senado se había sancionado una buena ley.
¿Cómo considera que debe ser el tratamiento de estos temas?
Son leyes. Las leyes se tratan en comisión, se debaten, se consensúan y se votan en el recinto. Es lo que dispone la Constitución. Esto no puede quedar como el intento de una cruzada anticorrupción de un puñado de dirigentes demagógicos, las condiciones para protegernos de los mecanismos que abonan a las prácticas vinculadas a la corrupción, justamente, deben ser públicas y transparentes, y si algo no tiene la compulsión que lleva a firmar una sucesión de DNU por parte del presidente es transparencia, esto no le hace bien al país.
¿Y a qué atribuye estos casos?
Como lo dije, entiendo que es proselitista. Es la bandera que el Gobierno Nacional pretende mostrar. Sin embargo, está claro que esto lo compartimos todos y estamos dispuestos a legislar para aportar a la anticurrupción en Argentina. Pero lo cierto es que la gestión económica es tan mala y el impacto social tan fuerte que, a esta altura, hasta parece ingenuo que Cambiemos piense que con esto basta para ganar una próxima elección presidencial. Todos los que ejercemos cargos públicos tenemos la obligación de aportar a la transparencia y a leyes que no permitan que la corrupción se naturalice en nuestro país. Pero, justamente, la forma es legislar, esto no es un combate de buenos contra malos, esto representa un compromiso que la política tiene con la sociedad argentina y que todos debemos honrar.
AUDITORÍAS A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
¿Qué opina acerca de las auditorías a las universidades públicas nacionales?
No creo que ninguna universidad nacional tenga problemas en mostrar sus cuentas. Pero este decreto representa una virtual intervención. Como es sabido, el año pasado se cumplió un siglo de la Reforma Universitaria, las Casas de Altos Estudios gozan de autarquía y autonomía que fueron reforzadas en la Reforma Constitucional de 1994. El Decreto 72/2018, por el que se habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las cuentas de las universidades públicas, afecta los principios básicos de autonomía y autarquía, al posibilitar que la Jefatura de Gabinete de la Nación designe a auditores para que trabajen dentro de las universidades. Además de ser anticonstitucional lesionaría el gobierno de estas instituciones. El Consejo Interuniversitario Nacional ya expresó su rechazo al decreto, confirmando que el control externo debe continuar a cargo de la Auditoría General de la Nación. En estado de derecho es impensable esta intromisión. Nuestras universidades vienen sufriendo desde hace tres años recortes presupuestarios que hacen prácticamente imposible su funcionamiento, hace unos días los sindicatos que defienden los derechos de docentes y no docentes han manifestado que en las paritarias no se ha logrado un acuerdo y se agrava más la problemática. El PEN debe ocuparse de mejorar la asignación de recursos y no en seguir estrangulando el funcionamiento de instituciones que otrora nos han puesto a la vanguardia de la educación en el mundo. La educación en Argentina tiene que volver a ser una prioridad que nos distinga, es lo que nos garantiza la movilidad social y el desarrollo.
LEY CORTA DE TELECOMUNICACIONES
¿Cómo analiza el planteo del Gobierno Nacional sobre la Ley Corta de Telecomunicaciones?
La Ley Corta de Telecomunicaciones tuvo su media sanción en la Cámara Alta con algunas modificaciones como la demora, hasta 2020, de la habilitación de la televisión satelital y, hasta 2022, de este servicio para localidades pequeñas. Con las correcciones del Senado, la ley ofrece a las cooperativas un porcentaje de las frecuencias de la compañía estatal y, al pasar a Diputados, se planteó que a las provincias se les otorgue parte de las frecuencias de ARSAT que el Gobierno Nacional pretende vender al mercado. Ante la negativa del Gobierno Nacional, el proyecto se quedó sin la media sanción en la Cámara Baja. ¿Y qué hizo el Poder Ejecutivo Nacional? Fiel a su estilo, firmó un Decreto -el 58/2019- en el que modifica la Ley 27208 y, consecuentemente, las reglas de juego en el sector de las comunicaciones, asignándole a las operadoras de telecomunicaciones privadas las bandas de frecuencia para servicios de telefonía móvil reservadas, hasta ahora, a Arsat. Es decir, lo que no pudo lograr en el ambiente legítimo de debate –el Congreso de la Nación- lo hace por decreto, ignorando todo el andamiaje republicano.
Este Ejecutivo es capaz de manipular la responsabilidad de los poderes del Estado para instalar temas de campaña y olvidarse de los descalabros económicos que, por tres años, vienen empujando a la clase trabajadora argentina por debajo de la línea de pobreza. No vamos a mirar con paciencia este desprecio por la responsabilidad que nos compete como legisladores nacionales, estos decretos, que no tienen más que una finalidad efectista de cara al año electoral, no van a pasar por la Comisión Bicameral. Le guste o no al presidente, tenemos un compromiso con la sociedad y vamos a honrar ese compromiso.