Por RadioKermes | A tres años de la asunción de Mauricio Macri, nuestra provincia lidera el ranking de la desocupación. Más de 3.500 puestos se perdieron en la construcción, más de 500 en el Comercio (solo en Santa Rosa-Toay) y otros 600 en la industria. Organismos nacionales fueron vaciados y 500 personas fueron prescindidas. Por cada empleo registrado que se perdió, otros tres se cayeron en la economía informal.
A Elina Toledano le alcanzaban 10 minutos para llegar al trabajo. Salía caminando del Plan 5000, entraba al Parque Industrial y por la calle principal llegaba hasta la puerta de la fábrica. El mismo itinerario hace hoy, 3 de enero del año 2019, junto a su hija Mayra. En el cielo no hay sol pero el calor es insoportable.
-Éramos una familia- dice mientras recuerda a sus excompañeras de trabajo. Está parada frente a la reja que corta el ingreso a Calzar S.A, la mayor empresa textil de La Pampa, que cerró sus puertas el año pasado. Elina trabajó allí durante 27 años confeccionando zapatillas. Ahora el lugar está abandonado, con maleza en el estacionamiento y ramas caídas por la última tormenta. Los guardias que custodian el edificio le confirman que hace un tiempo se llevaron las máquinas y que nadie puede pasar. Después se disculpan y ella sonríe, dice que no hay problema, que entiende.
Elina es solo una de las miles de pampeanas y pampeanos que arrancaron el 2019 sin trabajo. Como Analís Amigo, despedida de SENASA, que volvió a vivir de sus padres y siente vergüenza cada vez que tiene que pedirles dinero. Como Marcelo Pintos, que dejó su último currículum en un bar céntrico pero nunca lo llamaron. O Agustina y Yohana, estudiantes de la UNLPam que quieren comenzar su vida laboral pero nadie les abre una puerta.
Conseguir trabajo en La Pampa es una tarea complicada. Según datos del INDEC, la desocupación alcanza al 13,2 % de la población económicamente activa del conglomerado Santa Rosa-Toay. Además, el 17% de las personas que tienen trabajo está buscando otro porque no le alcanza para vivir o porque no está conforme con las condiciones. En limpio: 3 de cada 10 pampeanos y pampeanas están buscando empleo.
“El peor año para los pampeanos”
Los números pueden marear pero sirven para comprender el estado de situación: todos los días al menos cinco personas van a pedir empleo a la delegación Santa Rosa de la Subsecretaría de Trabajo. Los esfuerzos que hace el gobierno provincial no son suficientes para cubrir semejante demanda.
“El 2018 fue el peor año para los pampeanos. Con la complicidad de la CGT nacional el gobierno de Macri destruyó el Ministerio de Trabajo, se lo dejaron a disposición de las patronales”, dijo Marcelo Pedehontaá, titular del área y aseguró que por cada empleo formal se perdieron otros 3 en la economía informal.
Un número silencioso e incalculable es el del servicio doméstico, las personas que se dedicaban a limpiar casas de manera informal y que se quedaron sin trabajo. Solo el año pasado fueron despedidas 300 mujeres que eran empleadas en relación de dependencia. Se estima que el universo de trabajadorxs de casas particulares supera las 8000 personas.
Frenaron las obras
El sector más golpeado en los últimos tres años fue la construcción: se perdieron 3.500 puestos de trabajo, el equivalente al 50% de los empleadxs registrados a finales de 2015 en el padrón de la seccional pampeana de la Unión Obrera de la Construcción de La Pampa.
La explicación que encuentra Roberto Robledo, secretario general del gremio es la falta de obra pública nacional, la retracción de los créditos para la vivienda como fue el Procrear y la suba del costo de los materiales que frenó la iniciativa privada.
“Se vino a pique todo”, dice Sergio Fornara, 53 años, 40 que trabaja en la construcción. “Se perdió la changa, el modelo anterior te permitía encarar todo lo que tenías proyectado. Hoy la gente no puede hacerse ni una pieza, sale carísimo”. Fornara cuenta que todos los días chicos jóvenes llegan hasta la obra a pedirle trabajo. Después compara: “esto es el modelo de Martínez de Hoz pero mucho más acelerado. A los militares les llevó 8 años y este animal – por Macri– lo hizo en tres. Esa época fue durísima”.
“No vemos luz al final”
En el año 2011, el kiosco que Sergio Báez tiene en la esquina de Uruguay y Perón le daba de comer a él, su hermana, dos empleados y un franquero. Hoy solo alcanza para sostener su propia economía y la de su empleado más antiguo: “Si tuviera que despedirlo tengo que vender. Hoy mi empleado es prácticamente mi socio”.
La recaudación diaria del kiosco Austral es la misma que hace tres años solo que la inflación acumulada ya superó el 140%, la devaluación fue del 300%, y las ventas cayeron considerablemente en todos los rubros.
En este tiempo Báez vio cómo sus clientes se volcaron a segundas marcas de gaseosa y aflojaron las cargas virtuales para celulares. Si el comercio sigue es gracias a una premonición: antes de que subieran las tarifas de luz y gas, el dueño sacó los motores de las heladeras al exterior para que consuman menos y no se calienten, puso corriente trifásica y compró aires acondicionados. Así y todo paga $4.500 mensuales de electricidad.
-Los kiosqueros estamos todos medio parecidos. No vemos la luz al final del túnel -dice, con metáfora eléctrica.
El kiosco Austral es uno de las decenas de negocios que debieron reducir su plantilla. El Centro Empleados de Comercio asegura que en los años macristas se perdieron en Santa Rosa–Toay más de 500 puestos. La Cámara de Comercio aporta un dato más: En 2018 cerró entre el 10 y 15% por ciento de los locales comerciales en la capital provincial. “Fue el peor año de la última década”, dijo Roberto Nevares, presidente de la cámara, semanas atrás a CPE TV.
Parar las máquinas
El emblema de la crisis laboral en La Pampa es Calzar S.A.: a fines de 2015 la mayor empresa textil de La Pampa contaba con 450 empleados/as. Primero ofrecieron retiros voluntarios, después despidieron y finalmente cerraron.
Otra industria que elevó el índice de desempleo fue la cárnica. En 2017 fueron despedidas 127 personas del frigorífico de General Acha y otras 30 se quedaron en la calle a comienzos de 2018 con el cierre del de Uriburu, que había sido convertido en cooperativa.
La Unión Industrial de La Pampa (UNILPA) no tiene cifras propias sobre el aumento de la desocupación, pero su titular Rubén Gorordo tiene una certeza: en el 2018 ninguna empresa tomó más empleados/as de los que ya tenía.
“La ocupación en la industria no creció, se trató de mantener. Hoy llegan currículums de chicos recibidos en la universidad que quieren trabajar pero no hay cómo darles una respuesta. Terminan yéndose a otras ciudades”, dice Gorordo.
Un empresario que fabrica aberturas en el Parque Industrial de Santa Rosa –y que pidió reserva de su identidad– dijo que las ventas cayeron hasta un 40% en el último año, situación que lo obligó a buscar nuevos mercados en la provincia de Neuquén, adonde abrió un local de ventas.
“Estamos muy justos y las perspectivas no son buenas. Los industriales que dependen de la obra pública o del Estado están complicados”, dijo el empresario.
El Estado desguazado
Y no se trata solo de puestos de trabajo perdidos en el sector privado. El desguace de los organismos nacionales en la provincia ha sido un proceso espasmódico, con temores permanentes, alertas y movilizaciones.
Enumeremos: 16 despidos en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA); 4 despidos en Radio Nacional; en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM que absorbió a la AFSCA y la AFSTIC) la planta de empleados se redujo de 12 a 4 trabajadores (8 puestos menos); en el Centro de Acceso a la Justicia que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hubo 2 despidos; en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) fueron prescindidos 12 trabajadorxs, mientras que 11 fueron despedidos en la delegación de la subsecretaría de Agricultura Familiar. También hubo 2 despidos en la Agencia Estatal de Noticias Télam.
Solo en 2018 hubo 10 diez retiros voluntarios en el Distrito 21 de Vialidad Nacional, puestos de trabajo que no se repusieron.
En 2017 también fueron despedidos en La Pampa 21 trabajadorxs de ferrocarriles, luego de que la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal decidiera cerrar la empresa Ferrobaires.
A lo anterior hay que sumarle que el gobierno nacional dejó de financiar los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ) y los programas de Coros y Orquestas Nacionales que empleaban a casi 450 personas. Estos últimos programas serán sostenidos en 2019 por el gobierno provincial.
Los que buscan
A Marcelo Pintos el despido lo tomó por sorpresa. Primero le mandaron el telegrama a una casa en la que no vivía hace años. Después lo notificaron personalmente antes de fichar.
Tras 26 años en Calzar, Pintos se había especializado en hacer ojalillos, miles de ojalillos para pasar miles de cordones, que ajustarían miles de pares de zapatillas. Ahora él mismo se especializa en ajustar la propia economía: arrancó con cambiar el plan del celular y cuida de no dejar luces prendidas. A punto de cumplir 50 años espera que alguien lo llame para trabajar de mozo, de repositor, de lo que sea. Pelea también para que no le quiten el beneficio de la tarifa social de energía. Para jubilarse le quedan dos años de aportes, pero 15 años para llegar a la edad mínima. “En estos meses salí a vender rifas. Pero la gente me decía no, no, no. Me dí cuenta que eso no era lo mío. Yo soy de ir a la empresa y trabajar”.
A Elina Toledano (46) le hubiera gustado que su hija menor estudie una carrera universitaria afuera de la provincia. Ahora se conforma con que ingrese a la escuela de policía y pueda mantenerse sola, independizarse como su hermano que también es parte de la fuerza. Elina vive con su marido que es plomero y gasista y no tiene trabajo fijo. “En estos meses anduve buscando trabajo pero no sale nada, está re difícil. Estoy tirando con la indemnización en cuotas, once mil pesos por mes”, dice Elina y asegura que una de las salidas posibles es armar un emprendimiento de pastas. Para emprender deberá hacerlo rápido: la indemnización se terminará este año.
Nancy Bustos (54) y su hijo Leonardo trabajaron juntos durante 14 años en Calzar y los despidieron en 2018 con meses de diferencia. No valieron las plegarias.
“Cuando empezaron a decir que podía haber despidos yo pedía que me toque a mí y no a mi hijo. Yo ya había pasado por una situación similar en 1999, cuando Calzar estuvo a punto de cerrar”, dice Nancy. Hace un mes, ella y Leonardo abrieron una rotisería en la esquina de Neuquén y Maipú. Allí fue a parar el dinero de las indemnizaciones. Compraron un horno, un anafe, heladeras, la mesa para trabajar y alquilaron el local.
“Mañana vamos a ver por primera vez cuánto nos viene de luz, el gas el mes que viene. Yo estuve dos meses sin trabajar y no me sentía bien, fue algo terrible”.
Yohana Cortez (25) y Agustina Toledano (21) dejaron currículums en tiendas de ropa, bares y kioscos de la ciudad pero las expectativas de conseguir un empleo son cada vez menos.
Agustina –estudiante de Comunicación Social– dice que el panorama es “malísimo” y que le preocupa no conseguir un trabajo cuando de reciba: “La poca gente que se recibió, no está trabajando en Comunicación”. El padre de Agustina tampoco la está pasando bien: es camionero y últimamente suele pasar dos o tres días sin viajes.
“Espero conseguir un trabajo serio, como mis primos que están en Changomás. Si llego a conseguir eso postergo los estudios, o haré las que pueda cursar. No está para estar sin plata”.
Yohana cursa el segundo año de Letras y está cansada de las mismas respuestas. “Me piden experiencia y yo nunca trabajé, recién ahora. Me pasó de llevar un CV a una tienda, lo vieron adelante mío y yo había puesto que había trabajado en el Centro de Fotocopiado, como para demostrar que tengo una experiencia en atender al público. Me dijeron que eso no era una experiencia real”.
María Aranda (56) pasó una semana entera llorando en la cama después que la despidieron de Alpargatas pero ahora se considera una afortunada: hace dos meses que trabaja ocho horas por día de lunes a viernes –y sábado de por medio– haciendo de todo en un hogar de ancianos. Sabe que la mano viene dura y que muchos/as ex compañeros/as aún están sin trabajo.
Con la indemnización compró vajilla y manteles que pretende alquilar para fiestas privadas. Abandonó para siempre las tarjetas de crédito y dice con orgullo que no le debe a nadie. Ahora compra en efectivo o no compra.
“Este trabajo no me gusta como el anterior pero… ¿adónde voy a conseguir con la edad que tengo? En la fábrica fueron mis mejores años, todo lo que tengo, lo que construí, lo hice ahí, fue mi mejor trabajo. Dentro de todo estamos bien ahora pero me tengo que medir para que la plata llegue a fin de mes”.
Analís Amigo (34) pasó seis años en SENASA, tres años como monotributista y otros tres contratada. Su jefa, alguien a quien consideraba una amiga, fue la que la incluyó en la lista de personas prescindibles el año pasado. No tuvo acceso a ninguna indemnización. Ahora depende de sus padres jubilados y sabe que no va a poder afrontar crédito que sacó hace tres años. Tiene varias cuotas atrasadas.
“Durante mucho tiempo le busqué una explicación, por qué me había tocado a mí. Pensé en que quizás era porque era una de las más jóvenes, o porque no tenía hijos. Mi jefa me dijo ‘la culpa no es tuya, no te sientas mal, sos excelente’, pero igual me echó”.
Después del despido, Analis trabajó tres meses en una concesionaria de autos que le exigía resultados imposibles bajo las órdenes de un jefe maltratador. Después pasó dos días en una financiera donde el jefe la llamaba con un beso y la insultaba. Se fue llorando y sin cobrar. En las últimas semanas se dedica a pasear y cuidar perros. Cobra $100 pesos por pasear al can durante una hora y media. Tiene cuatro clientes. También hace trámites y mandados para las abuelas del barrio y cuida niños y niñas. Ya repartió decenas de CV. Se la nota tranquila: al menos nadie la ofende, la insulta o la llama con un beso.
Informe realizado por radiokermes.com