Los representantes de los sindicatos docentes y el gobierno provincial firmaron un nuevo acuerdo paritario que dispone Medidas de Resguardo y Reparación para docentes acusados en el ejercicio de sus funciones.
Mediante un comunicado, el gremio de los docentes señaló que el acuerdo número 138 dispone que el Ministerio de Educación dará “tratamiento reservado de los procedimientos administrativos disciplinarios que le competen, en los que el docente se encuentre investigado, hasta que su situación procesal sea resuelta mediante resolución firme, resguardando el derecho a la intimidad y el principio de inocencia”.
Luego de varios años de trabajo en los que UTELPa reclamó su firma, representantes sindicales y gubernamentales rubricaron el acuerdo. Entre los fundamentos esgrimidos por UTELPa, se señala que “el Estado está obligado a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, también debe proteger a sus ciudadanos ante situaciones de desigualdad estructural que afecten a un sector de los/las trabajadores/as y que por su función social están expuestos/as nuevas exigencias en el ejercicio de su labor, por lo que es necesario de adoptar medidas de acción para tutelar tal desigualdad y desprotección.”
En el mismo sentido, puntualizaron que “el Estado debe garantizar condiciones dignas en cumplimiento del Convenio 155 de la OIT, incorporado al sistema normativo nacional a través la Ley 26693. Asegurar esta condición como derecho del/la trabajador/a es fundamental para determinar responsabilidades y delimitar los niveles de decisión sobre acciones.”
El cambio de ámbito laboral y/o separación del cargo “no garantizan por sí solo el resguardo del/la trabajador/a durante el proceso de investigación, en la mayoría de las veces se transforma en una sanción explicita en desmedro de su carrera profesional”.
En tanto que “es deber del Estado promover y sostener las investigaciones sobre las denuncias que se realicen desde todos los sectores y actores sociales”. Para el/la docente, las investigaciones en su contra representan una obligación a la cual deben someterse conforme a las reglas del estado de derecho, por lo que corresponde que, al docente, también se le apliquen los principios fundacionales del estado de derecho, como lo es “el principio de inocencia, el debido proceso y ejercicio del derecho de defensa”.
Ese sometimiento de los/las Trabajadores/as de la Educación a los procesos sumariales conforme a derecho, también implica que “no se debe prejuzgar sus conductas”.
Sin oferta
Los representantes del Ejecutivo no realizaron oferta salarial alguna, como esperaban los sindicatos. En su lugar, pidieron pasar a un cuarto intermedio, por lo que las negociaciones se retomarán en los primeros días de diciembre.
Por tal motivo, la Secretaria General de UTELPa no ocultó su decepción por la falta de propuesta, y bregó porque “el gobierno provincial siga permitiéndonos defender el salario de lxs trabajadores frente a la inflación, como lo hemos estado haciendo hasta ahora”.