Consideran que su inacción a la hora de resolver un pedido de restricción de capacidad fue determinante para el fatal desenlace.
La familia Crespo aún se encuentra inmersa en el insoportable dolor de la pérdida de un hijo, una final trágico de una historia compleja, donde lamentablemente el desenlace era casi anunciado y por eso pidieron incansablemente ayuda al Estado, pero las respuestas nunca fueron satisfactorias. Considerando que la inacción para resolver una medida de parte del juez civil Moiraghi fue determinante para la tragedia, decidieron presentar el pasado lunes un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el funcionario.
“Mi hijo falleció el 19 de agosto pasado, se quitó la vida. En medio había una restricción de capacidad que iniciamos en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 para que le restrinjan la capacidad, porque en el caso de nosotros como papás, que él vivía conmigo, sabíamos que algo malo iba a ocurrir. Desesperados recurrimos a la Justicia, se inició la presentación con mi abogada Leticia González, con la historia clínica de Agustín, los reiterados ingresos al hospital Centeno, generalmente por sobredosis. Mi hijo tenía 25 años y empezó a consumir a los 16”, recordó Abel Crespo en diálogo con infopico.com.
“Iniciamos la medida y el juez lo primero que hizo fue denegarnos absolutamente todo. Nosotros lo que queríamos hacer era que nos llamara, que nos convocara a su mamá y su papá, que aunque estemos separados tenemos buena relación, y poder contarle todo lo que habíamos pasado durante el transcurso de todo ese tiempo, con situaciones de violencia, entre otras cosas”, contó.
Mientras luchaban contra la problemática del joven “intentamos en tres oportunidades internarlo, primero en Guadalupe en Santa Rosa, después en un NAIM acá en Pico, después por último en Rúmen a finales del año pasado, y en febrero tuvo una intoxicación donde lo tuvimos que llevar al hospital desmayado, le hicieron más de 6 lavajes de estómago, estuvo 17 horas en Guardia. Ahí empezó una nueva lucha para que Salud Mental del Centeno lo tuviera ahí un tiempo razonable para tratar de estabilizarlo, sobre todo en lo que es medicamentos, y mientras tanto nosotros íbamos buscar una alternativa para llevarlo fuera de la provincia de La Pampa y que inicie un tratamiento como correspondía. Mi hijo estando sobrio era buenísimo, pero cuando consumía esa porquería mezclada con alcohol era todo lo contrario. En el hospital no querían saber nada, porque Salud Mental en Pico no entiende en cuestiones de adicciones, a pesar de que la Ley de Salud Mental establece que lo que es adicciones entra dentro de lo que es Salud Mental y los hospitales públicos se tiene que hacer cargo de este tipo de flagelo, con internaciones, que pueden ser de dos modos, voluntarias o compulsivas. Con las internaciones voluntarias no hay problemas, el tema es que mi hijo tenía 25 años y, por ejemplo, cuando estuvo en Rúmen ante cualquier enojo o malestar él se quería ir y me llamaba que lo fuera a buscar y yo no podía hacer nada, lo tenía que traer a casa, medicarlo yo, que eran como 4 o 5 remedios distintos”.
“Mientras tanto en paralelo seguíamos con esta restricción de capacidad que se inició el 28 de febrero con el juez Moiraghi, que está a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2. Fuimos con un problema grave y terminamos teniendo dos problemas, porque él nunca lo conoció a mi hijo, vos con solo verlo a la cara a mi hijo y como estaba en el último tiempo te dabas cuenta que pedía ayuda a gritos y que se me moría. Nunca le vio la cara, estuvo 7 meses con fojas, papeles, un ida y vuelta interminable donde no nos conoció a la mamá, al papá o mi hijo, con el único que se habló fue mi otro hijo, Martín, a quien le tomó declaración la secretaría de él, o sea que ni siquiera lo conoció. En las dos fojas donde declara mi otro hijo, que tiene 28 años, él fue clarito, le pidió ‘restrínjale la capacidad ya porque mi hermano se muere’, y ni aún así nos escuchó”, lamentó.
Después “convocó al equipo técnico de la Secretaría de la Mujer y Violencia Doméstica de Santa Rosa para que hiciera los exámenes, que no entendemos porque agarró por ahí, incluso nos denegó que la evaluación la realizara el cuerpo médico forense de acá de Pico, que depende de la Justicia, o el cuerpo médico de la Secretaría de la Familia local. Llegamos al día de la muerte de mi hijo, el 19 de agosto, y la Secretaría de la Mujer lo había citado a mi hijo en Pico para hacerle la revisión el 6 de septiembre, cuando mi hijo ya estaba muerto”.
“Hay otra historia más, lo tuvimos internado en abril en Córdoba, estuvo menos de un mes y se me vino. El juez debería haber tomado intervención automáticamente de acuerdo al artículo 42 del Código Civil y Comercial, no lo hizo, o sea que mi hijo quedó a merced de nada, porque no tenía medicamentos, no tenía nada y nosotros veíamos que la situación se iba agravando hasta que tomó la trágica decisión de suicidarse”, agregó.
“Nosotros perdimos un hijo y yo antes le había escrito una carta que fue pública, donde le decía exactamente lo que iba a pasar, que la publique pero no se la llegue a mandar personalmente, porque cuando tenés una persona adicta en casa, toda la familia se fractura, fijate que soy profesor de la Facultad de Ingeniería y con todo lo que pasó desde febrero que no trabajo. A mi ex mujer le pasó lo mismo, a mi hija de 22 años le pasó lo mismo, ya que cayó en un cuadro de depresión aguda a partir de todo esto, eso es lo que le queríamos contar al juez, pero él nunca nos escuchó – insistió-. Por ese motivo metimos una abogado en Santa Rosa, Miguel Villagra, alguien con una calidad humana espectacular, que en muy poco tiempo se dedicó exclusivamente a este tema y presentó la denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia”.
“Yo todos los días estoy en contacto con mi abogado. Ya se presentó la denuncia, él ahora nos tiene que citar como padres para rectificarla o ratificarla, luego el Superior Tribunal analizará las causales que detectó el abogado de acuerdo al expediente de Agustín y resolverá, aceptando o denegando el pedido. Nosotros esperamos que acepte porque este es un problema que afecta a muchos, yo al haberlo hecho público me llamó mucha gente de distintos lugares con el mismo problema y que no sabe qué hacer. Me llamó un matrimonio de Alvear y me contó que cuando se van a trabajar al hijo lo tiene que dejar encerrado con candado, en Pico no tienen idea la cantidad de casos que hay, lo que pasa es que los tapan, la gente está sola”, sostuvo.
Aclaró Crespo que “resarcimiento económico es lo que menos quiero, yo hace 25 años que soy docente de Ingeniería y todo lo que tengo es gracias a mi trabajo. Sacar partido de dinero con la desgracia que incluye a mi hijo nunca lo podría hacer. Simplemente lo que persigo es que no le pase lo mismo a los otros padres que están luchando, que no tengan que pasar por lo que pase yo, por un proceso terrible para nada, porque tu hijo se te termina muriendo”.