Por falta de quórum fracasó por segunda semana la sesión solicitada por la oposición para tratar en el Senado, el recorte de las asignaciones familiares. Se escucharon igualmente expresiones en minoría.
La senadora Norma Durango fue la primera en hablar e inició sus palabras expresando que “quiero destacar la importante iniciativa promovida por las seis provincias patagónicas orientada a la construcción de un Foro de referentes, como ámbito de discusión y acción, ante el embate sobre nuestra economía regional, para enfrentar las nuevas medidas de ajuste decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional y también discutir acciones que miren más allá de lo inmediato.
La situación por la que atraviesa nuestro país, como producto de la aplicación del recetario que ya nos llevó al desastre en el pasado y que parece dirigirnos hacia ese indeseado lugar nuevamente, es el marco en el que el gobierno nacional avasalla derechos día a día, entre ellos los de los ciudadanos patagónicos” señaló Durango.
Dijo más adelante que “está crisis es profunda y adquiere altos niveles de regresividad en mi provincia y las demás provincias patagónicas.
En este esquema de ajuste sin fin, pero con fines, que no son los de la mayoría de los argentinos, nos quieren incluir dentro de la lógica de que es “esto o el apocalipsis”.
El Poder Ejecutivo Nacional, como parte del ajuste de $ 100.000 o más millones de pesos… que pretende imponer a las provincias, para cumplir las metas del acuerdo con el FMI, ha decidido mediante el Decreto 702/2018, hoy en suspenso por 30 días, reducir las compensaciones por asignaciones familiares, vigentes en la región patagónica y otras por zona desfavorable.
Esto forma parte de un “menú” de recortes que las provincias deberían elegir. A quién van a sacrificar, nos pregunta el Gobierno Nacional: niños y niñas, mujeres ancianos/as, personas con discapacidad, jubilados, etc.
Siempre los mismos. Siempre las y los más perjudicados en las crisis.
Para La Pampa el menú ascendería a más de 1.800 millones de los cuales debería “elegir” unos 1.000 millones.
La reducción de las asignaciones familiares significará una pérdida de los ingresos de nuestras familias, equivalente a unos 7 millones de pesos por mes, o sea, a precios corrientes, la cifra de 126 millones hasta finales del 2019.
Esto no sólo empobrecerá más aún a las familias sino que generará una caída adicional en la demanda que impactará en cascada sobre toda la economía provincial.
Me pregunto…ustedes creen que esto puede seguir cayendo sobre los más vulnerables, los más necesitados…hasta cuando?
Ustedes recorren los barrios, las calles?
La gente está desesperada, está sufriendo. Por cuestiones básicas y cotidianas. Por no poder pagar sus deudas, por no poder pagar el alquiler, ni las facturas de servicios. Por no poder poner en el changuito del supermercado lo indispensable!
Le anticipamos a este gobierno que no van a lograr reducir el déficit fiscal destruyendo a las familias y su capacidad de demanda” expresó Durango.