Fue el propio Defensor General, Eduardo Aguirre quien presentó una denuncia para que se investigue a los penitenciarios. Lo hizo ante la Fiscal General Natalia Urruti, para que se investigue si los jefes penitenciarios que no cumplen con el cupo de 300 plazas en las cárceles federales para condenados por la justicia pampeana incurren en un delito.
Según una publicación de El Diario de La Pampa, un convenio firmado en 2007 establecía que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar ese lugar en las cárceles que tiene en la provincia. Nunca se cumplió. Dos jueces de ejecución penal en las últimas semanas ordenaron que no se ingrese más a presos federales para hacerle lugar a los pampeanos. Pero el presidente del TOF, Pablo Ramiro Díaz Lacava, trasladó una nota de una autoridad del SPF a la fiscalía federal para que se investigue si esa orden implica el delito de abuso de poder.
Ahora hay una presentación cruzada. Aguirre, en este caso, pidió el martes que una fiscala pampeana investigue a las autoridades penitenciarias. Tal cual había adelantado El Diario, el defensor respaldó a los jueces pampeanos con un documento en el que expresó que acompaña todas las medidas judiciales y administrativas que sirvan para “mejorar sustancialmente las condiciones reales de las personas privadas de libertad”.
Aguirre solicitó a la Fiscalía provincial que tenga por efectuada la presentación que antecede en el carácter invocado, que ordene la instancia penal respectiva a los efectos de la determinación de la probable connotación penal de los hechos referenciados y ordene la producción de la prueba ofrecida.
El defensor justificó la denuncia en la justicia pampeana porque “los hechos atentarían contra derechos fundamentales de personas privadas de la libertad y sus grupos de referencia, y posiblemente impedimento o entorpecimiento de llevar a cabo una política criminal y penitenciaria autónoma de la provincia, de resultas del incumplimiento del convenio, también circunstancias que se producen en la provincia y concitan a organismos e instituciones provinciales”.
Fuente: El Diario
