Conflicto por el uso de la UP N° 4: Investigarán a jueces de Ejecución Penal por “abuso de autoridad”

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29 Junio, 2018 a las 22:14 hs.

El director de la cárcel mandó una nota al Tribunal Oral Federal tras la orden de los magistrados de no permitir el ingreso de más presos foráneos.



La situación se encarrila a un conflicto institucional de inciertas derivaciones. Cabe recordar que el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, hizo una presentación judicial el martes último ante el fiscal Leonel Gómez Bargella para que se investigue si dos jueces de Ejecución de Pena, Martín Saravia y Mauricio Pascual, cometieron el delito de abuso de autoridad al ordenarle a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal la prohibición de ingresar presos que no sean pampeanos a la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa.

El director de la Colonia Penal 4, el prefecto Hugo López Almeida, envió una nota al TOF luego de la comunicación de ambos magistrados de la Justicia pampeana. Entiende que los dos magistrados no tienen facultades para prohibir el ingreso de condenados y procesados federales a la cárcel.

Según pudo averiguar El Diario, el presidente del TOF, Díaz Lacava, reaccionó rápidamente y remitió una copia el martes al fiscal del Juzgado Federal para que, “ante la posible comisión de un delito de acción pública”, se investigue si hubo un abuso de autoridad. Ese tribunal es, justamente, uno de los organismos que deriva detenidos a la Colonia Penal Nº 4.

Este viernes el presidente del TOF envió una nota a El Diario haciendo una aclaración. “No he ordenado investigar a los jueces de ejecución penal de esta provincia, doctores Martín Saravia y Mauricio Pascual, sino que he puesto en conocimiento de quien tiene la función de impulsar la investigación de delitos de acción pública con competencia federal los hechos que me informó el titular del establecimiento carcelario federal, Colonia Penal Santa Rosa (U.4), ante las constataciones y órdenes recibidas por los jueces mencionados”, manifestó.

Cabe recordar que, según reveló El Diario el jueves, los dos jueces de Ejecución Penal de La Pampa habían ordenado la prohibición del ingreso de presos que no sean pampeanos a las autoridades de la Unidad Penal 4 y la 13 de mujeres, luego de más de diez años de incumplimientos de compromisos administrativos, legales y políticos por parte del Servicio Penitenciario Federal.
Cabe recordar que desde el año 2007 la Provincia reclama a través de diversas vías por plazas en la U4 de Santa Rosa, para descomprimir el “colapso” de dependencias policiales con personas condenadas. A pesar de tratarse de un edificio nacional, la Provincia llegó a ejecutar obras de ampliación para garantizar el cupo.

A mediados de este mes, los fiscales federales Armando Agüero y Máximo Paulucci habían recorrido la U4 y detectaron 26 plazas desocupadas en los distintos pabellones. A partir de esa constatación, los jueces Saravia y Pascual firmaron una resolución para prohibir ingresos de personas que no sean condenadas por los tribunales pampeanos.

Los jueces de Ejecución pampeanos consideraron que se trata de “una maniobra” para “ocultar plazas para ser utilizadas a criterio discrecional del director de cada Unidad”. Saravia y Pascual también recordaron que hace años insisten “hasta el hartazgo” ante los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo para que el Servicio Penitenciario Federal cumpla con los compromisos legales asumidos. Pero, a pesar de ellos y hasta el día de la fecha, existen alrededor de 220 pampeanos con condena firme que cumplen pena “de manera ilegal en establecimientos policiales, hacinados y en condiciones infrahumanas”.

En el año 2007, el Gobierno Provincial y el Nacional firmaron un convenio, que luego se convirtió en ley, que estableció un cupo de 180 plazas para pampeanos, mientras el Gobierno local avanzaba en modificaciones a la U4 (edificio nacional) por un monto de 10 millones de pesos y, concluidas las obras, la Provincia tendría un cupo de 300 plazas. Recién a partir de ese número, el SPF podía disponer si otorgaba o no más lugares.

Pasados diez años sin que el SPF cumpla con el convenio establecido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno Provincial firmaron una “adenda” donde la cartera nacional se comprometió a asignar el Instituto Correccional de Mujeres (U13) para alojar internos e internas procesados o condenados pampeanos. En el documento firmado por los jueces de Ejecución Penal de la Provincia, lamentaron que ninguno de los compromisos asumidos fueron cumplidos.